El ombudsman federal José Luis Soberanes, denunció que en la Procuraduría General de la República se encubre y deja impunes a miembros de esa institución señalados como responsables de delitos. Como para confirmar ese dicho, el procurador Daniel Cabeza de Vaca, en vez de sorprenderse y solicitar precisiones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar y sancionar tan graves hechos, banalizó la denuncia y la atribuyó a mal humor del presidente de la CNDH: “Está enojado”, dijo desdeñoso.
Soberanes emitió un juicio grave: “Hay una descomposición institucional en la PGR”. Puntualizó que debido a ella las autoridades norteamericanas obraron directamente contra “El Tigrillo” Arellano Félix, por desconfianza a la Procuraduría. Esa descomposición se refleja también, añadió: “En la tortura, en las ejecuciones extrajudiciales, en las diferentes formas de violación de los derechos humanos”.
Aunque en el comunicado de prensa 120 se atemperó el lenguaje del ombudsman y se eliminó la palabra “descomposición” empleada dos veces por el defensor de los derechos humanos en su conferencia de prensa del jueves 24, sus afirmaciones, así como las del primer visitador general Raúl Plascencia y del coordinador de comunicación y proyectos, Guillermo Ibarra, sustentan la percepción de la CNDH sobre el estado actual de la Procuraduría, dejada casi intacta por su actual titular no obstante que hace ya 16 meses sustituyó al general Rafael Macedo de la Concha.
La materia de la conferencia de prensa de la CNDH ofrecida 24 horas después de que en Los Pinos Cabeza de Vaca anticipara el contenido del informe presidencial sobre las materias que le corresponden, fue la tortura. Se esbozó también una ejecución extrajudicial, no detallada porque el caso está en integración. Se narró, sin embargo, que hay evidencia de que agentes de la autoridad hacen hincarse a un detenido y le disparan un tiro en la nuca. Otro caso, materia de la recomendación 31/2006: en una operación llevada a cabo en Tula de Allende, Hidalgo, el 22 de mayo de 2004, un señor cuyo nombre se guarda tras sus iniciales RGE, fue perseguido por agentes policiacos y ultimado mientras se ocultaba, inerme, en una tina de baño.
El informe de Cabeza de Vaca eludió el tema que Soberanes documentó: en 2001 se presentaron 36 quejas por tortura; 50 en 2002; 39 en 2003; 37 en 2004: 46 el año pasado y 16 en lo que va de éste. Una de las presentadas en 2005 concluyó en una recomendación, la número 13/2006, que fue rechazada por la Procuraduría General de la República, debido a que la víctima se desistió de su denuncia de tortura. Así ocurrió en efecto, pero el desistimiento fue inducido por las propias autoridades responsables.
Se trata de José de Jesús Zúñiga Velázquez, que el primero de marzo del año pasado fue detenido en un restaurante de Ciudad Victoria con violencia por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes: “Lo jalaron de los cabellos, le dieron de cachetadas, lo arrastraron para subirlo a una camioneta en la que se transportaban y le quitaron las llaves de su automóvil, conduciéndolo a un lugar desconocido donde lo golpearon a puntapiés y con una tabla, además de quemarle la espalda con un cigarro y golpearlo con una pistola en la cabeza”. Del resultado de esas acciones quedó constancia en un certificado médico expedido en el Cereso de la capital tamaulipeca: “Presentó excoriaciones y edema apófisis mastoide. Excoriaciones en brazo izquierdo en cara interna. Equimosis en región alta y lateral de tetilla derecha. Excoriación en tórax, cara lateral derecha, quemadura probable de cigarro en tórax anterior región superior y otra en glúteo derecho. Diagnóstico: policontundido”.
Mientras unos miembros de la PGR actuaban de ese modo, otros completaron la tarea: el agente del ministerio público ante el que denunció los hechos “en lugar de dar inicio a una averiguación previa, determinó dar vista a su homólogo del fuero común e ignorar el anterior señalamiento en contra de servidores públicos federales”.
Luego, personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos “realizó actos orientados a inhibir, intimidar y convencer al quejoso” hasta conseguir que se desistiera. Además que con ese desenlace la PGR rechazó la recomendación, dos agentes del Ministerio Público, Gustavo Medel y Simón Soto, pertenecientes a esa Subprocuraduría presentaron denuncia contra Soberanes y el visitador Plascencia, por delitos contra el honor. La denuncia fue admitida y a su presentación atribuye el procurador Cabeza de Vaca el enojo del ombudsman, que a su vez habría suscitado su vehemente denuncia.
El coordinador Ibarra retomó en su turno este caso del presunto narcotraficante Zúñiga Velázquez. Ocurre que el 11 de agosto fue robada del domicilio de la CNDH una computadora, pero no fue un hurto común en que el objeto del delito fuera la máquina misma. Lo importante era su contenido. Por un lado, había allí información sobre ese caso de tortura. Por otra parte, la había en relación con Lydia Cacho, la periodista que denunció ante la propia PGR al todavía gobernador de Puebla. La averiguación respectiva, materia de dos fiscalías especializadas, no ha conseguido siquiera que los señalados comparezcan.
En el tiempo del autoritarismo represivo una amarga resignación hacía llamar a la PGR Torturaduría General de la República. La denuncia de la CNDH nos hace comprender que ese tiempo no ha pasado, que es el mismo de hoy. Sólo que adobado con santurronería.
