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Plaza pública/Último Informe

Miguel Ángel Granados Chapa

No es sólo el Sexto Informe del presidente Fox. Es también el último informe, el postrero correspondiente a la finada época del fasto presidencial, del endiosamiento del Ejecutivo. Cualquiera que sea el curso de la ceremonia de esta tarde-noche, con ella se cerrará el capítulo de un rito presidencialista, vigente hasta el año pasado: aunque menudearon las interpelaciones e interrupciones que desde hace ya muchos años son inevitables, todavía Fox se vivió como el personaje central de un acontecimiento republicano. Ya no será así, no debe ser así, no tiene por qué ocurrir de esa manera.

Abundaron en los años recientes diagnósticos sobre la condición aberrante en que había caído el informe presidencial. De obligación administrativa se convirtió, cuando quedó consolidado el predominio del Ejecutivo y del partido oficial, en un avergonzador acto de ensalzamiento que en épocas llegó hasta a contar con arcos triunfales, el modo de celebrar durante el virreinato y el siglo XIX, y a ser escenario de la desvergüenza humana y política de legisladores que suponían desagraviar a un presidente presuntamente ofendido corriendo al lado del vehículo presidencial -el carruaje convendría decir, para subrayar el anacronismo. Y luego se llegó casi al extremo contrario. Desde el último año de Miguel de la Madrid y sin perjuicio de la indolencia, el desdén o el ánimo rijoso con que se enfrentaron a la Oposición, los presidentes combinaron el halago a su ego con la molestia más o menos profunda causada por el insulto y otras formas de grosería.

Detectada la dolencia, no se procedió a curarla y así llegamos al día de hoy en el peor de los escenarios posibles. En vez de día de fiesta, será día de desasosiego y puede serlo aun de tormenta. Dentro y fuera del fastuoso recinto legislativo, cuya mole y diseño arquitectónicos corresponden a esa era ya finada, la del presidencialismo faraónico, se perciben aprestos de enfrentamiento, desplegadas las ganas de reyerta o únicamente las de la protesta irritada. La Fuerza pública practicó el 14 de agosto la homeopatía policiaca: persuadidos el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva de que lo semejante se cura con lo semejante, evitaron un bloqueo y practicaron el suyo propio. Desde entonces el Palacio Legislativo está sitiado, física y humanamente. Miles de efectivos militares (las Fuerzas Especiales de la PFP tienen origen castrense) impiden o dificultan el tránsito a quienes van de paso en la vasta comarca prohibida y aun a quienes viven y trabajan en ella. Administran el paso en retenes repetidos y refuerzan con su presencia los muros de contención: uno, formado por enormes planchas metálicas; el otro, disuasivo material y sicológicamente, está integrado por las tanquetas que con sus poderosos chorros de agua enfrían los ánimos más enardecidos. Tal despliegue corresponde a los anuncios de movilización de los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, quien a la siete de la noche del jueves, demasiado tarde para los efectos de preparar esta columna, precisará qué hacer. Es necesario, es por lo menos deseable que el sentido de la impugnación callejera ocurra en el amplio terreno de la dignidad civil agraviada sin aproximarse siquiera a provocar la represión. Atentos a eventuales excesos recorrerán la zona visitadores de la Comisión de Derechos Numanos del Distrito Federal.

Dentro del palacio se vive la discordia, que más probablemente puede acentuarse a la hora del crepúsculo que atenuarse. Como si fuera una oficina del Ejecutivo, el Estado Mayor Presidencial dispone allí lo que cree conveniente desde hace una quincena, y si esa conducta era reprochable en días en que la Legislatura anterior estaba yéndose y no llegaba la que hoy se estrena, es inadmisible para una vasta porción de los diputados que encuentran su casa regida por normas pertinentes para su huésped, no necesariamente para ellos mismos y su desempeño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha juzgado útil llamar la atención sobre la necesidad de evitar que los militares ajenos al funcionamiento de la Cámara se conviertan en riesgo para la integridad de los legisladores.

Los que pertenecen al PRD se disponen a estorbar y acaso a impedir le lectura del informe. Ante el amago se considera encontrar fórmulas que palien la tensión o alejen el enfrentamiento: hasta el cortesano Emilio Gamboa ha sugerido que el presidente Fox entregue los volúmenes preparados y se retire. Lo mismo dijo incluso el panista que presidirá la sesión, Jorge Zermeño. Lo ha dicho de otro modo, asegurando que el Ejecutivo cumplirá su obligación de este día en los términos de la Constitución. Como bien se sabe, el Artículo 69 no incluye la lectura de texto alguno. Sólo dispone que el presidente asista a la apertura de sesiones del Congreso y presente “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública en el país”.

No debo afirmar que Fox merece lo que ocurra. Sería irresponsable cohonestar lo que no sabemos qué modalidad y dimensión alcanzará. Y si la protesta perredista fuera tan inquinosa que implicara agresión directa o vejación personalísima nadie debería avalarla. Pero sí puede reconocerse, analíticamente, que si las hay Fox será hoy cosechero de tempestades, pues sembró vientos. En general despilfarró el capital político que le fue posible amasar por triunfar sobre el PRI y en particular se entrometió dolosamente en el proceso electoral.

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