Jean Succar Kuri está de regreso en Cancún. A diferencia de 1984, cuando llegó a esa playa del Caribe por voluntad propia, ahora retornó prisionero, extraditado por el Gobierno de Washington. Se halla en el penal cancunense, acusado por corrupción de menores, violación equiparada, abusos deshonestos y pornografía infantil. Se prepara un nuevo expediente, por lavado de dinero: en diez cuentas que le fueron congeladas mantenía depósitos por veinte millones de dólares. Es uno, el principal, de Los demonios del edén, título que la periodista Lydia Cacho dio a su vigorosa obra sobre la pederastia industrializada, que le ha valido estar sujeta a proceso penal por difamación.
Luego de años de practicar abusos contra menores y de probablemente encabezar una tupida red de pornografía infantil en todo el mundo, el hotelero -esa era su actividad formal, de pantalla, y el espacio para sus propias perversiones- Succar Kuri fue denunciado por una de sus víctimas, en septiembre de 2003. La investigación en su contra iba a terminar en su detención, pero un soplón -presumiblemente el subprocurador local Miguel Ángel Pech- le puso sobre aviso y el indiciado huyó en octubre. Los sumarios por delitos federales que ahora permitieron su extradición, habían hecho posible su detención en febrero de 2004. Recluido en el penal de Chandler, en Arizona, durante más de dos años se defendió directamente y con el auxilio de su amigo Camel Nacif, quien le ofrecía asistencia jurídica. Ésta incluyó el traslado de víctimas a San Diego, donde ante notario se desdijeron de los testimonios que incriminaban a Succar Kuri. La obviedad del cambio de parecer de las afectadas hizo inútil la maniobra.
Un año después de la captura en Succar Kuri la periodista Lydia Cacho, muy activa en su profesión y en la defensa de derechos de las mujeres (a causa de lo cual es escoltada por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones, ya que ha sido amenazada por otros agentes judiciales) terminó de escribir Los demonios del edén. Se trata de la biografía delictiva de Succar Kuri, pero también es un sólido informe sobre la extensión de los negocios del ahora extraditado, e incluye numerosas referencias sobre sus apoyos, los políticos amigos del procesado, principalmente Alejandro Góngora, Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes. El primero es protegido del segundo, quien se prepara a transitar del Senado a la Cámara, donde aspira a dirigir la disminuida bancada priista o al menos a ser el contacto para las negociaciones con el Gobierno. El último es, desde enero de 2005, subsecretario federal de Seguridad Pública. Cuando se hicieron públicos sus nexos con Succar Kuri, Yunes, ex priista cercano a Elba Esther Gordillo (en función de cuya relación tiene ese lugar en el Gabinete foxista) consiguió del delegado de la PGR en Quintana Roo, Miguel Ángel Hernández Castrillón, un reporte de exoneración. El delegado dejó de serlo en diciembre de 2004, acusado de proteger al narcotráfico.
La primera edición del libro de Lydia Cacho empezó a circular en marzo del año pasado. Meses después fue denunciada en Puebla, por difamación, por Nacif, conocido como El rey de la mezclilla, con residencia en la Angelópolis. Pronto quedó claro que no sólo por motivos domiciliarios se pretendía allí la acción penal contra una autora que vive en Cancún y publicó su libro en el DF. Nacif aprovechaba su cercanía con el gobernador Mario Marín, a quien haría famoso por el afectuoso tratamiento que le prodigaba: “gober precioso” lo llamó al telefonearle su agradecimiento por la embestida contra Lydia Cacho, disfrazada de procedimiento penal.
El 16 de diciembre del año pasado agentes judiciales de Puebla capturaron en Cancún a la denunciada, la maltrataron durante un horrendo traslado a aquella capital y se dispusieron a encerrarla, y ya en prisión a someterla a nuevas vejaciones. La rápida movilización de activistas de derechos humanos impidió la consumación inmediata de tales atrocidades y apoyó a la autora denunciada en su demanda de ser juzgada en Quintana Roo. Allí sigue su curso el proceso penal en su contra. El 24 de mayo pasado se carearon la acusada y el denunciante, en una audiencia ominosa para la periodista por el mal talante del juez Gilberto de Jesús Herrera Solís.
Esa actitud podría ser indicativa de la vigencia de la red de interés político que protege a Succar Kuri y a Nacif. El abogado defensor del extraditado, Efraín Trujeque, fue director de averiguaciones previas durante la gubernatura de Joaquín Hendricks, de la que es causahabiente la actual, de Félix González Canto. En su no muy remota función, Trujeque pudo haber tenido acceso por lo menos a la causa local, de fuero común, abierta contra su ahora defendido.
Las dos cámaras del Congreso solicitaron en abril a la Suprema Corte una investigación sobre la violación a las garantías individuales de la periodista. Los dos magistrados designados al efecto por el pleno concluyeron su indagación al comienzo de este mes, y de ella conocerá en agosto el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia al concluir el receso judicial. La extradición de Succar Kuri permitirá que el máximo tribunal desarrolle la tesis del ministro Juan N. Silva Meza de que en este caso no sólo se trata de las garantías de Lydia Cacho sino del gravísimo fenómeno de la pornografía infantil. Revelar e intuir las dimensiones y ramas de ese negocio, y su poder político, explica la destructiva furia contra la periodista.
