La gobernadora García menciona el caso de Oaxaca, donde se ha puesto en riesgo la gobernabilidad por la omisión federal en el financiamiento educativo. Hay que recordar, en efecto, que cuando la Sección 22 del SNTE comenzó su movimiento el 22 de mayo lo hizo enarbolando una demanda que sólo el Gobierno de la República puede satisfacer (la rezonificación salarial).
La gobernadora de Zacatecas Amalia García, que esta mañana rinde su Segundo Informe de Gobierno anunció el lunes que devolverá la gestión educativa a la Federación. Independientemente de que ese paso sea posible (porque si bien la relación a la que renuncia nació de un convenio, que puede ser denunciado unilateralmente, se convirtió después en disposición legal), con su decisión la titular del Poder Ejecutivo zacatecano puso en evidencia la grave crisis del financiamiento educativo en el país.
El 18 de mayo de 1992 fue firmado el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica. Lo suscribieron, con el presidente Salinas como testigo, el secretario de Educación Ernesto Zedillo (que apenas en enero anterior había pasado de la Secretaría de Programación y Presupuesto a ese desempeño), la secretaria general del SNTE, Elba Ester Gordillo (que tres años antes había recibido el liderazgo del sindicato de manos de Salinas y en perjuicio de Carlos Jongitud), y los gobernadores de los estados.
El de Zacatecas ha examinado el desarrollo de ese acuerdo y concluido que el modelo educativo que de él partió está ?agotado?. Lo dejó exhausto el incumplimiento federal de las condiciones pactadas, especialmente durante el sexenio que está por concluir. En particular, Zacatecas resiente, según el diagnóstico de la gobernadora, que ?no sólo no se consolida la transferencia de recursos federales, sino que además nos adeudan cantidades sustanciales; como ejemplo está la deuda de la Federación acumulada los últimos tres años por carrera magisterial; la falta absoluta de recurso federal para respaldar la negociación con el magisterio, a pesar de las intensas gestiones hechas desde febrero hasta este mes de septiembre, e incluso la falta de un recurso comprometido en computadoras para avanzar en la educación en tecnologías de información, sólo para mencionar algunos rubros...?.
La gobernadora García menciona el caso de Oaxaca, donde se ha puesto en riesgo la gobernabilidad por la omisión federal en el financiamiento educativo. Hay que recordar, en efecto, que cuando la Sección 22 del SNTE comenzó su movimiento el 22 de mayo lo hizo enarbolando una demanda que sólo el Gobierno de la República puede satisfacer (la rezonificación salarial).
Y aunque el conflicto evolucionó y se agravó tras el fallido intento de desalojar al magisterio del centro de la capital, el origen del problema concierne a la relación financiera entre el Gobierno Federal y Local en materia educativa. En contraste con lo que sucede en Oaxaca, en Zacatecas la gobernadora ?reconoce la prudencia y la sensibilidad de las expresiones sindicales que conocen la complejidad de la situación?.
Aunque como es obvio se refiere sólo a su caso, la denuncia de la gobernadora zacatecana podría ser suscrita por todos los mandatarios locales: ?las obligaciones salariales y prestaciones locales crecieron a lo largo de los años a un nivel inmanejable, sobre todo por la costumbre de interpretar la obligación del Estado de hacer crecer el gasto en educación como equivalente a hacer crecer la respuesta a las demandas de los trabajadores con incrementos siempre superiores de la participación estatal sobre la federal?. Por ejemplo, en Zacatecas en 2004 la aportación estatal creció 16.5 por ciento frente al cuatro por ciento de la federal. Y el año pasado la primera creció 8.3 por ciento contra 5.1 por ciento de la segunda.
Zacatecas destina dos tercios de su presupuesto (67.5 por ciento) al gasto educativo, y padece un déficit de 700 millones de pesos. Por eso, dijo la gobernadora García, ?hoy nos vemos imposibilitados de satisfacer solos la demanda de empleo en el sector, de garantizar su derecho a educación a los grupos rezagados en poblaciones dispersas, así como de implementar los programas para mejorar la gestión y la calidad de los resultados educativos?. De allí que anuncie su decisión de denunciar el convenio ?para que las obligaciones ahí adquiridas y la aplicación de los recursos sean instrumentadas por el Gobierno Federal?.
La gobernadora García propone ?que se constituya una instancia en la que participen el Gobierno Federal y los gobernadores...para conformar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en esta materia, para que luego con el Poder Legislativo y la representación magisterial se apruebe...la totalidad del recurso que se necesita tanto para colocar a nuestro país en los mejores índices de calidad educativa, como para atender -no a mediados de año, sino desde principios del mismo- las demandas laborales del magisterio?.
La Presidencia de la República, las secretarías de Educación y de Hacienda ni la presidencia del SNTE respondieron al aviso de dar por terminada la gestión local educativa. Tal vez lo consideran sólo una advertencia y cuando mucho un amago para hacerse oír. Tal vez confían en el hecho de que las obligaciones emanadas en 1992 del Acuerdo denunciado, por haberse convertido en deberes legales al año siguiente, no son declinables. El Artículo 13 de la Ley General de Educación establece como la primera de las atribuciones exclusivas de las autoridades educativas locales la de prestar ?el servicio de educación inicial, básica -incluida la indígena?, especial, normal y demás para la formación de maestros?.
De cualquier modo, el tema ya prendió. El Senado le dedicó ayer buena parte de su sesión. La iniciaron los representantes de Zacatecas pero pronto adquirió más amplia dimensión.
