Los muros
Aunque todavía falta que la apruebe el Senado norteamericano para que se convierta en Ley, la iniciativa del representante republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner aprobada hace dos semanas en su Cámara, ha suscitado críticas en amplios sectores. También las ha expresado el Gobierno mexicano, incluido el presidente Fox. Como ha sido frecuente, sin embargo, la reacción gubernamental ha sido pobre, insuficiente y desinformada, carente del peso político y jurídico que debía caracterizar la oposición ante un proyecto de semejante envergadura.
Fox y su canciller Luis Ernesto Derbez protestan contra el proyecto de construir una muralla que impida el acceso de trabajadores mexicanos indocumentados a Estados Unidos, como si se tratara de una novedad. El muro existe ya. En las inmediaciones de San Diego fue construido con material de desecho de la guerra del Golfo, la emprendida hace quince años por el primer George Bush.
No ha impedido el paso de migrantes, que al pie de la valla o atisbando desde su porción superior, esperan condiciones para poder saltar al otro lado e internarse en territorio norteamericano. Esa barda, y otras medidas semejantes tienen el propósito de hacer más difícil y costosa la internación de mexicanos a Estados Unidos. Han logrado su propósito a un costo criminal, multiplicando las muertes de quienes intentan trabajar en aquel país y perecen por las inclemencias del tiempo y los ataques de fieras.
Y la cancillería no ha protestado por esa muralla del modo como lo hace ahora ante la posibilidad de su extensión. El alegato norteamericano de que la defensa de su frontera es asunto enteramente unilateral, válido en abstracto, no debería funcionar en el marco de los acuerdos que pretenden organizar la convivencia en América del Norte.
El 23 de marzo del año que acaba de terminar se reunieron en Waco, Texas, los gobernantes de los tres países que signaron el Tratado de Libre Comercio vigente desde hace doce años, para una suerte de relanzamiento o ampliación de sus propósitos. Aunque quedó claro que con el segundo de sus términos Washington pretendía edulcorar la rudeza que significaba el primero, se firmó entonces el compromiso fundacional para una Alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte.
La extensión del muro ya existente a otros tramos fronterizos puede que garantice el principal objetivo del Gobierno de Bush, la seguridad, pero rompe con cualquier intención de lograr la prosperidad. ¿No es enarbolable ese instrumento para combatir las nuevas tendencias antimigratorias?
El lunes pasado el canciller Derbez accedió a ser recibido no por su homóloga la secretaria de Estado Condoleezza Rice, sino por dos de sus funcionarios subalternos, para abordar ese asunto. La reunión debió ser rechazada, hasta que se conviniera el nivel adecuado. Es verdad que el proyecto amenazante surgió del Congreso y no es todavía instrumento de una política gubernamental. Pero el presidente Bush, como si no entendiera que la iniciativa Sensenbrenner se opone a su propio proyecto en la materia, se apresuró a avalar la decisión de la Cámara, y es seguro que hará lo mismo si también la aprobara el Senado.
La toma de posición mexicana debería dirigirse a neutralizar ese apoyo del Ejecutivo, pero el Gobierno de Fox se halla mal situado para hacerlo, porque recibe sin rubor ayuda material y financiera norteamericana para impedir el paso de mexicanos a Estados Unidos, según lo recordó la semana pasada el diario The Arizona Republic. La construcción de otro muro, potencialmente más peligroso para los migrantes mexicanos y la relación entre los dos países que la valla que se erija en la frontera, ha merecido menos atención en la protesta mexicana, no obstante que forma parte del proyecto republicano en curso. Se trata de la conversión en delito del ingreso sin papeles a Estados Unidos, que hasta ahora es una falta administrativa que se castiga con la deportación.
Criminalizar la migración ilegal no sólo llenaría las cárceles norteamericanas de delincuentes, sino que generaría un cisma en la sociedad pues para no ser víctimas de penas, los ciudadanos deberían delatar a quienes se hayan internado sin documentos. Con razón el Episcopado norteamericano ha expresado su preocupación porque la acción de los católicos de aquel país organizados para asistir a migrantes podría ser tenida como encubrimiento y aun como complicidad.
Cuarenta y ocho horas después de la aprobación del proyecto Sensenbrenner en la Cámara se festejó en todo el mundo el Día del Migrante, el 18 de diciembre. El relator de la ONU para los derechos de los migrantes, el experto mexicano Jorge Bustamante, deploró en esa oportunidad que ninguno de los países receptores -entre los que obviamente descuella Estados Unidos- haya ratificado la Convención internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus grupos familiares.
Aun sin su firma, puede ser invocado ese instrumento internacional frente a la pretensión de Estados Unidos -una porción de su Congreso, por ahora- de no sólo no proteger a los migrantes sino convertirlos en criminales. Más allá de la retórica, México debe asumir una posición firme contra esos muros. Contaría con el apoyo de los países centro y sudamericanos afectados también por esas intenciones, y a los que Washington desdeña: no entró en vigor ayer el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica porque sus socios no cumplen las condiciones norteamericanas.
