EL SIGLO DE TORREÓN
CD. LERDO, DGO.- El edificio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), con un costo de más de 12 millones de pesos, podría construirse este mismo año, anuncia el titular de la corporación, Raúl Villegas Morales.
La alcaldesa Rosario Castro Lozano y Villegas Morales, se entrevistaron el pasado miércoles con el secretario de Seguridad Pública de la Federación, Eduardo Medinamora y Casa, en la ciudad de Durango, donde abordaron diversos temas relacionados a la seguridad pública en este municipio.
Recuerda que desde el 22 de febrero del año pasado, le presentaron el proyecto del edificio de Seguridad Pública de esta ciudad, al extinto titular de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, pero el asunto se quedó pendiente por lo ocurrido con su muerte.
Medinamora y Casa les informó en la entrevista que el próximo 30 de enero se reunirán en Junta de
Consejo de Seguridad Pública, para analizar los presupuestos de las diferentes entidades federativas y ahí se incluirá el proyecto para Lerdo.
Villegas Morales dice que existen grandes probabilidades para que este mismo año se autoricen los recursos e inicien los trabajos, toda vez que ya se tiene el terreno asignado para el edificio, el cual incluirá las oficinas y celdas preventivas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Dirección de Tránsito y Vialidad, Protección Civil y la Academia de Policía.
Otro de los asuntos abordados durante la reunión, destaca el titular de la DSPM, es lo relativo al convenio firmado entre Estados y Municipios para el establecimiento del programa 089, que servirá para las denuncias anónimas.
Villegas Morales considera que este sistema de denuncias anónimas sobre la venta de drogas será de gran utilidad, toda vez que se garantiza el anonimado de los denunciantes.
Flagelo
El ?narcomenudeo? es un flagelo social que está en todas partes, aunque en algunas entidades federativas es mayor el problema, expone el titular de la DSPM.
Considera que en Lerdo no es tan grave el problema, pero de cualquier forma existe y debe ser atacado con energía para evitar que siga creciendo.
El año pasado, ante la pasividad de la Procuraduría General de la República en el combate al ?narcomenudeo?, la alcaldesa, Rosario Castro Lozano, ordenó la clausura de dos fincas donde se presume se vendía cocaína y exigió a la PGR asumir su responsabilidad.
