El jueves 30 de Noviembre, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato (RR), dio una conferencia en el Instituto Cato, donde planteó algunas reflexiones sobre diversas políticas para consolidar la estabilidad, promover el crecimiento y reducir la desigualdad y la pobreza en la región latinoamericana. El tema central de su mensaje refleja las inquietudes generalizadas en los países de la región, en el sentido de que las políticas macroeconómicas exitosas si bien han logrado la estabilidad, no han sido suficientes para alentar un crecimiento más acelerado y corregir las enormes diferencias de ingreso que mantienen a nuestros países como los de mayor desigualdad en el mundo.
RR reconoce que la mayoría de los países de América Latina (AL) han gozado recientemente de un período de expansión económica y baja inflación que no habían experimentado en décadas. Este desempeño se debe a varios factores. Por un lado, el dinamismo de la economía global ha elevado los precios de las materias primas de exportación de la región, mejorando considerablemente sus términos de intercambio. Al mismo tiempo, las condiciones financieras globales han sido propicias para el flujo de capital hacia las economías emergentes, entre las que se cuentan las de América Latina.
Por otro lado, los gobiernos de AL han aplicado políticas macroeconómicas más prudentes, mejorando sus cuentas fiscales y externas, abandonando, salvo contadas excepciones, las interferencias en los mercados cambiarios, y sus bancos centrales han ganado credibilidad para combatir la inflación y reducir las tasas de interés.
En ese contexto, RR plantea diversas sugerencias de política económica que estarían orientadas a mantener la estabilidad, promover el crecimiento y reducir la desigualdad en la región. Considerando que nuestro nuevo Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ocupó el tercer puesto en importancia en el FMI hasta su renuncia para regresar a México a colaborar con el Presidente Calderón, vale la pena repasar algunas de las sugerencias de su director gerente en materia de políticas públicas para promover el crecimiento y la equidad, lo que bien pudiera coincidir con algunas de las propuestas que veremos en fechas próximas por parte de la nueva administración.
RR considera que las finanzas públicas sanas y el control de los déficit gubernamentales es uno de los logros principales recientes en AL. Su recomendación es preservar la estabilidad macroeconómica y evitar competir con el sector privado por el crédito disponible. El gasto que debe crecer es el relacionado con la infraestructura, la educación y la seguridad social, mediante la reasignación de partidas del presupuesto de programas y actividades poco productivas, lo que encaja, por cierto, con el decreto de austeridad del cuatro de diciembre en México.
Por el lado del ingreso público, RR apoya la iniciativa de introducir impuestos que serían pagados en su mayoría por las personas con mayor capacidad de pago, especialmente los impuestos a los vehículos, a la propiedad y al ingreso financiero. Se necesita, además, dar prioridad a la ampliación de la base impositiva, la eliminación de las exenciones fiscales, y la mejoría de la administración tributaria, en vez de elevar las tasas impositivas.
Las reflexiones del señor Rato fueron más allá de la política fiscal. Señaló que hay varias reformas estructurales que pueden realizar los gobiernos de AL que promueven el crecimiento. Entre ellas destacan la mejora en la calidad de la educación y aumentar la apertura comercial y la competencia. En este sentido reconoce que muchos países se beneficiarían de una disminución de barreras a la entrada y del costo de hacer negocios, de una mejora en los marcos de regulación, de una mayor apertura a la inversión extranjera y reducir las barreras al comercio de bienes y servicios.
Al abordar los temas de la pobreza y la desigualdad, RR considera que el crecimiento no ha sido lo suficientemente fuerte para tener un impacto sobre la pobreza, y sus beneficios no se han diseminado lo suficiente como para reducir la desigualdad, lo que es una de las principales razones del desencanto con las políticas de estabilización. En consecuencia, con el objetivo de lograr la equidad social y lograr un consenso en cuanto a las reformas estructurales los gobiernos de AL deben atender los problemas de pobreza y desigualdad.
La manera más efectiva de hacerlo es con políticas que reasignan el gasto público hacia programas orientados a los pobres, mientras que al mismo tiempo reducen el destinado a beneficiar a los grupos de ingresos medios y altos. Por ejemplo, los subsidios generalizados a los productos derivados del petróleo y la electricidad pudieran reemplazarse con una asistencia social más focal; mientras que en materia educativa, pudieran incrementarse los cobros de recuperación en el nivel universitario, que beneficia a los grupos de mayores ingresos. Los recursos liberados de esa forma pudieran usarse para fortalecer la calidad de la educación secundaria, especialmente en las áreas rurales.
Finalmente, RR también insiste en que se incluya una reforma del mercado laboral, reconociendo que la mayoría de los pobres en AL se encuentran fuera del sistema formal de empleo, y que por tanto no disfrutan los beneficios y protecciones legales. Las medidas que liberalizan la legislación laboral y que también tendrían el efecto de incorporar más trabajadores al sector formal, promoverían la igualdad y reducirían la pobreza.
En síntesis, estos planteamientos reiteran la necesidad de preservar la estabilidad, así como señalan las transformaciones estructurales que se requieren para promover el crecimiento y disminuir la pobreza y la desigualdad. Está por verse que tanto podrá avanzar la administración de Calderón en ese sentido.
