hoy será dictaminada la minuta llegada al Senado en diciembre, desde San Lázaro, que reforma las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión. Contra toda suerte de argumentos, hasta ahora no refutados, la mayoría de los senadores, pertenecientes a las bancadas del PRI, el PAN y el Verde, aprobarán pasado mañana ese dictamen. Es necesario que ese documento sea difundido y analizado, porque pudiera ocurrir que contenga razones convincentes que obliguen a eliminar la noción ahora prevaleciente de que se ha entregado el poder Legislativo a los grandes consorcios de la televisión, que lo utilizan en su provecho y el de algunos otros beneficiarios menores.
En noviembre pasado sorpresivamente se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las leyes mencionadas, que fue dictaminada al vapor y aprobada con mayor celeridad todavía. En sólo siete minutos, sin oradores en pro ni en contra, ni tampoco votos diferentes de los 327 que lo favorecieron, el dictamen fue aprobado el primero de diciembre y remitido al Senado para que con premura semejante se aprobara también. Muchos diputados han confesado que no conocieron la iniciativa ni el dictamen y votaron en aplicación de un pervertido mecanismo por el cual los legisladores fían en sus compañeros dictaminadores, sin entrar a examinar los contenidos que aprueban. Más de cien remitieron una carta al Senado confesando su omisión y pidiendo que se revisara a fondo la minuta. Con ello desmintieron la conseja esparcida por los senadores que promueven el dictamen de hoy, de que la Cámara no estaba dispuesta a retomar el debate de la minuta si ésta les fuera devuelta.
Examinada por propia decisión o a instancias del Senado, la minuta no ha merecido aprobación de casi ningún organismo, agrupación civil o personas serias y expertas. Algunas cámaras, como la Canieti y la propia de la industria de radio y televisión criticaron fundadamente el documento aprobado en San Lázaro, pero después recularon. Su mudanza obedeció a una ruda campaña de convencimiento emprendida por Televisa. Cuando pudo, esa televisora obligó a cambiar de parecer, y cuando no, de plano simuló apoyos que no existieron. La Sociedad Interamericana de Prensa desmintió que se hubiera declarado a favor de la minuta.
Por donde quiera que se la vea, la reforma es lesiva para los más diversos intereses, y sólo satisface los de sus promotores. Uno de sus más evidentes despropósitos es el que consagra el uso privado e inequitativo del espacio radioeléctrico liberado por la conversión tecnológica del sistema analógico al digital. Una comparación con países que recientemente practicaron tal conversión muestra que en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia (países no sospechosos de padecer la influencia de Venezuela), el Gobierno recuperó la señal liberada, la puso a subasta pública, facilitó la entrada de nuevos concesionarios y con ello obtuvo ingresos de hasta 28 mil millones de dólares, en el caso estadounidense. Por efecto de la reforma que hoy será aprobada en comisiones, los concesionarios actuales gozarán los beneficios del espacio libre, y se convertirán en competidores de los prestadores de servicios de telefonía e Internet sin el menor esfuerzo (Reforma, 24 de marzo).
De ese tamaño son el resto de los defectos de la Ley. Por eso será aberrante y aun monstruosa su aprobación. Los senadores no pueden alegar inadvertencia como los diputados. Les ha quedado claro el conjunto de efectos perniciosos que genera la Ley. Si se empecinan (como todo indica) en aprobarla no obstante esa evidencia, harán también transparente su dependencia del poder televisivo. No la esconderá ninguna argucia, como la de reformar una reforma que podrían no aprobar.
Queda el recurso del veto presidencial. Es candorosa la esperanza de que el presidente Fox, que hizo en octubre de 2002, un enorme regalo a los intereses ahora beneficiados de nuevo, se abstenga de hacerles otro obsequio aún mayor. Tiene sentido político, sin embargo, recordarle que dos organismos pertenecientes a su Gobierno, la Comisión federal de competencia económica, y la de telecomunicaciones, se opusieron de modo contundente e irrefutable a la reforma, sin que sus razones hayan sido ya no digamos combatidas sino ni siquiera escuchadas y sujeta a análisis,
Tal vez si se pregunta al presidente si está dispuesto a vetar la Ley, respondería con su célebre elusión: ¿Y yo por qué? La respuesta se halla en los documentos de la Cofeco y la Cofetel. Incurrirá en responsabilidad si conociendo, como está obligado a conocer los argumentos de esas oficinas, los pasa por alto. Si no se atreviera a frenar la vigencia de la Ley, quedará incluido en el grupo de cómplices hasta ahora formado por diputados y senadores.
Puede escapar a ese negro destino, que la historia registrará, si al menos veta el artículo transitorio que lo obliga a designar en breve a los comisionados de la Cofetel absurdamente erigida en autoridad máxima en materia de radio y televisión. Si tampoco se atreviera a dar ese paso, si sus propios intereses se lo impidieran, lo menos que podría hacer es un compromiso para que tales comisionados no sean directamente servidores, o sirvientes, de Televisa y TV Azteca. El presidente debe obligarse a no proponer a nadie que, como el diputado Javier Orozco, haya tenido participación directa en la reforma, tal como se pretendió hacer al negarle acceso a Guillermo Ortiz a la junta de Gobierno del IPAB.
