Agencias
MÉXICO, DF.- En la práctica, las autoridades prefieren deportar a los migrantes indocumentados que iniciar un proceso penal que tardaría años. La Ley General de Población, en su Artículo 123, señala una pena de hasta dos años de cárcel al extranjero que se encuentre ilegalmente en el país. El Instituto Nacional de Migración es el encargado de interponer la denuncia ante la PGR.
De enero de 2000 a febrero de 2006, el INM presentó 962 denuncias contra dos mil 788 indocumentados, según un informe entregado mediante la Ley Federal de Transparencia.
En el mismo periodo, la PGR consignó mil 236 averiguaciones previas en 22 entidades, entre las que destacan Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Nuevo León, al presentar más acusaciones, con casi el 76 por ciento de los casos.
El delito en cuestión no es grave, por lo que los acusados que aún estaban en territorio nacional, cuando fue ordenada su aprehensión, tuvieron derecho a libertad bajo fianza o ni siquiera ingresaron a prisión.
La acusación es selectiva, pues en ese periodo, las autoridades migratorias aseguraron a más de 800 mil extranjeros indocumentados.
En teoría, todos cometieron el delito del Artículo 123, que ordena sancionar a cualquiera que entre al País sin permiso sin contemplar alguna atenuante.
Sin embargo, cerca del 94 por ciento de los indocumentados detenidos en México -que principalmente viene de tres países centroamericanos (Guatemala, Honduras y El Salvador), son rápidamente deportados sin someterlos a un proceso penal en México.
En 2003, por ejemplo, fueron asegurados 187 mil 614 ilegales. Las 33 procuradurías de justicia del país, en tanto, acusaron por algún delito a 207 mil 247 personas.
Eso quiere decir que si la PGR presentara cargos formales contra todos los indocumentados detenidos en territorio nacional, casi duplicaría la cantidad de casos penales tramitados por el sistema judicial.
A esta conclusión ha llegado también Estados Unidos, ya que sólo procesa a los indocumentados que reingresan al país, cuando tienen una deportación previa.
De 1995 a 2004, los jueces federales estadounidenses condenaron a 35 mil 306 personas por reingreso ilegal, luego de haber sido deportados, la mayoría mexicanos.
