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México, df.- Como parte de los acuerdos mínimos para resolver el conflicto de Oaxaca, un equipo de abogados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, trazan en la dependencia de Bucareli “la ruta legal”, con la que esa organización y la Sección 22 del SNTE urgirán al Senado la destitución del gobernador Ulises Ruiz.
Se trata de una “salida institucional” que ha planteado la Secretaría de Gobernación a los líderes de los grupos que repudian al gobernante priista.
Ayer por tarde, el secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, acudió a las oficinas de Gobernación a afinar el documento de propuestas federales para los maestros.
Confirmó los trabajos de la APPO para estar en condiciones de volver a exigir al Senado que Ruiz Ortiz sea depuesto. De alcanzarse ese objetivo, podrían destrabarse los demás aspectos del conflicto, dijo el líder de los maestros.
Aunque la Secretaría de Gobernación señala que “el Gobierno de Vicente Fox ni quita ni pone gobernadores”, al cierre de la cuarta jornada de conversaciones, el jueves, el titular de la dependencia, Carlos Abascal, estuvo de acuerdo en que abogados de la Segob trabajaran con una contraparte de la APPO en el planteamiento jurídico contra el gobernante priista.
Es por ello que ayer hubo reunión de abogados en la Segob, pero Rueda Pacheco declinó señalar qué tipo de argumentación legal estarían construyendo en Bucareli.
Una vez que se cierren las consultas jurídicas, los abogados de la APPO rendirán un informe a las organizaciones oaxaqueñas, las cuales decidirán si siguen adelante con la “ruta legal” que les presenten.
Culpan al Gobierno
de actos de violencia
Mientras tanto en el estado de Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) responsabilizó ayer al Gobierno de Oaxaca por el zafarrancho registrado el jueves en esa ciudad, al mismo tiempo reconoció que dentro de la APPO imperó la indisciplina y no se actuó con mesura.
Daniel Rosas, vocero del magisterio, argumentó en conferencia de prensa que el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya, impidió a sus empleados desalojar las oficinas luego que una brigada de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y maestros lo solicitaron para clausurar de manera simbólica el inmueble.
“Nosotros no somos delincuentes, en 26 años, nuestra lucha ha sido pacífica y no ha sido nuestra práctica saquear oficinas, como lo mencionaron algunos medios”, expresó Rosas.
“Lino y el gobernador (Ulises Ruiz) lograron su objetivo y rompieron el diálogo, porque estamos enviando mensajes de distención”, señaló.
En la rueda de prensa, los profesores que participaron en la brigada que terminó en trifulca explicaron que ellos no provocaron la acción, y aseguraron que fue Lino Celaya quien comenzó la agresión.
“Cuando Giovanni entró para verificar que no hubiera nadie en el edificio, los empleados lo jalaron y cerraron la puerta; cualquiera, como madre, hubiera hecho lo mismo al ver que están golpeando a un muchacho de 16 años”, dijo la maestra Oliva Rivera.
Víctor Echeverría, otro profesor adscrito a la Sección 22, apuntó que el objetivo de las brigadas era no agredir a nadie, no hacer pintas en monumentos ni en canteras y que el contingente no es una banda de delincuentes.
“Las imágenes (de televisión) dejan mal parado al movimiento, nos hace ver como salvajes, y los compañeros sólo respondieron a una agresión. Las acciones que hacemos no son una ocurrencia y están avaladas por la APPO y el magisterio”, afirmó Echeverría.
De acuerdo con Rosas, los medios no contextualizaron la trifulca y se hizo ver a los integrantes de la Asamblea Popular y del magisterio como una horda de salvajes.
El profesor señaló que el joven agredido pertenece a una organización de ambulantes y que aprovecharon su habilidad para subir al balcón y revisar que no hubiera empleados laborando.
