El Universal-AEE
Nueva York, EU.- Dos grupos de defensa de los derechos civiles presentaron ayer demandas judiciales para bloquear la polémica orden del presidente estadounidense George W. Bush para espiar llamadas telefónicas y correos electrónicos de sus ciudadanos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en Detroit mientras que el Centro por los Derechos Constitucionales lo hizo en una Corte de Manhattan, Nueva York.
En ambas demandas se califica la orden presidencial como ilegal por violar la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución.
Buscan que se ponga fin a la vigilancia de las comunicaciones recibidas o hechas por residentes de Estados Unidos desde y hacia el exterior. Bush autorizó la medida secreta meses después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ejecutada por la Agencia de Seguridad Nacional.
El punto controvertido de la medida es que este rastreo -de llamadas telefónicas y correos electrónicos- se hace sin una orden judicial previa, lo que Bush justificó en los poderes extraordinarios otorgados, tras los ataques para luchar contra el terrorismo.
En las demandas se trata de averiguar si se monitoreó de forma intencionada a abogados, periodistas, académicos y activistas políticos con vínculos con Oriente Medio, como sospechan estas organizaciones.
La Casa Blanca ha insistido desde que saltó la polémica, hace un mes, que el espionaje sólo se realizó a sospechosos de tener relaciones con grupos terroristas como Al Qaeda.
El Departamento de Justicia tiene planeado defenderse de las acusaciones basándose en razones de seguridad nacional y reiterando que dicha vigilancia se hizo de acuerdo con la Ley y es vital en la estrategia de la lucha antiterrorista.
La demanda interpuesta por ACLU también está firmada, entre otros, por el grupo ecologista Greenpeace y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, que sospechan haber sido espiadas bajo dicho programa.
La controversia sobre este asunto se recrudeció el lunes cuando el ex vicepresidente estadounidense Al Gore criticó en un discurso público la orden de Bush, que calificó de ir contra la Ley.
