Presentarán material fotográfico, escrito y testimonios para que la SCJN acepte crear una comisión especial que investigue las violaciones a las garantías de miembros del FPDT de San Salvador Atenco.
EL UNIVERSAL-AEE
MÉXICO, D.F.- La abogada Bárbara Zamora, quien representa legalmente a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, informó que en un plazo de diez días hábiles presentará ante la SCJN notas periodísticas, fotografías y testimonios sobre los operativos policiacos de mayo pasado, así como certificados médicos de las personas que resultaron agraviadas.
En entrevista, señaló que se entregarán las pruebas necesarias -a más tardar el 28 de agosto-, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acepte la creación de una comisión especial que investigue las violaciones a las garantías de sus clientes por parte de los cuerpos policiacos.
Indicó que fue notificada hoy de la resolución de la SCJN, que admitió a trámite la petición que presentó la abogada, para que el máximo tribunal del país ejerza la facultad que le otorga el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución para investigar violaciones graves a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Corte le concedió a la abogada 10 días hábiles para entregar pruebas, por lo que en ese lapso "recabaremos todas las evidencias necesarias, para conseguir que se cree la comisión que investigue los hechos ocurridos en Atenco".
Por ello, celebró la decisión de la SCJN, "ya que es un paso para que se llegue al fondo de este asunto y se castigue a los policías que son presuntos responsables de las violaciones cometidas".
Consideró que esta medida también representa una presión para la Procuraduría General de la República (PGR), donde algunas de las presuntas víctimas han presentado denuncias por delitos como tortura, abuso de autoridad y agresiones de tipo sexual, ya que el hecho de que la Corte investigue lo ocurrido, impedirá que el Ministerio Público de la Federación (MPF) actúe "como si pareciera que no pasó nada".
El presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, abrió la posibilidad de que el máximo tribunal investigue si se registraron o no violaciones graves a las garantías individuales en los operativos que realizaron diversos cuerpos policiacos el 3 y 4 de mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
