Por René Arellano Gómez
El siglo de torreón
Torreón, Coah.- Sólo ocho de los 39 municipios que conforman el estado de Durango cuentan con página de Internet, mientras que de las 86 entidades públicas que están obligadas a mostrar información como organigrama, salarios de los servidores públicos y los estados financieros, tres de ellas están al cien por ciento.
Con base en la última verificación de páginas Web que realizó la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (Caiped), la cual se realizó el pasado mes de noviembre de 2005, se establece que se tiene un avance del 20 por ciento en la creación de páginas para cada uno de los 39 municipios del estado de Durango. Ya que el hecho de contar con dicho instrumento de difusión no significa que han cumplido totalmente con la Ley Estatal de Acceso a la Información.
El portal del Caiped, en su link de resultados de evaluaciones, señala que los municipios de Canatlán, Cuencamé, Durango, Gómez Palacio, Guanaceví, Pánuco de Coronado, Santiago Papasquiaro y Tlahualilo son los únicos ayuntamientos que se han incorporado a la Red y con ello facilitan el acceso de los ciudadanos a la información pública.
Con base en la información que presenta la página del Caiped, en lo correspondiente a los 39 municipios de Durango, tres de ellos aún están en proceso de elaboración y aprobación de su correspondiente reglamento de acceso a la información, específicamente los ayuntamientos de Mapimí, Pueblo Nuevo y Peñón Blanco.
Mientras que en lo referente al avance que presentan las 86 entidades públicas obligadas a difundir de oficio información, como su estructura orgánica, servicios que presta, directorio de servidores públicos, entre otros, sólo tres instituciones cumplen totalmente con tales disposiciones provenientes de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública.
Hasta noviembre sólo la Caiped, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Congreso del Estado, se encuentran al cien por ciento en la publicación de su información, de las 86 instituciones que conforman la lista. Lo que significa que sólo un 3.4 por ciento de las entidades públicas obligadas por la legislación vigente ha concretado su proceso de democratizar su información.
