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México, DF.- El sector privado del país recomendó fomentar el financiamiento en investigación y desarrollo empresarial mediante exenciones fiscales, con el objetivo de revertir la inminente tendencia de pérdida de competitividad de México.
La iniciativa privada por su parte podría aumentar los gastos corrientes en esas áreas; dar mayor financiamiento a la investigación básica, tanto pública como privada y a la investigación técnica y aplicada, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el documento ?La innovación tecnológica como política de crecimiento?, advirtió que la propuesta pretende aumentar la calidad del capital humano, fortalecer las relaciones con las instituciones de investigación, mejorar la capacidad tecnológica de las empresas.
Asimismo, favorecer la inversión en investigación y desarrollo, mediante la colaboración entre el sector público y el empresarial.
Por su parte, dijo, el Estado debe combatir con mayor fuerza la piratería y el contrabando, que es uno de los principales obstáculos que los productores enfrentan y que frena a los inversionistas para intervenir en el mercado de las ideas.
?Al establecer un marco de respeto a la propiedad intelectual las empresas confiarán más en que sus inversiones estarán seguras y podrán aportar mayores montos de investigación y desarrollo?, aseguró el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El CEESP señaló que se requiere de personal capacitado que pueda adaptarse al uso de nueva tecnología, para que entonces se maximice el potencial de la inversión y tenga un impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Recordó que en México, el porcentaje que se le destina a investigación y desarrollo es de 0.46 por ciento del PIB; lo que explica en parte la amplitud de la brecha tecnológica que nos separa de países como Estados Unidos y Japón (dos gigantes de la innovación tecnológica).
Estados Unidos invierte 2.6 por ciento del PIB y Japón 3.15 por ciento, es decir, entre seis y siete veces más de lo que México invierte en un año, sin contar que dicho concepto de ambos países es mucho mayor lo que implica montos aún más grandes de inversión. En cuanto a la distribución de la inversión, los países que más invierten, sustentan esta inversión casi en 70 por ciento con el sector privado. En el caso mexicano el agente social que más invierte en el rubro de referencia es el gobierno con 55 por ciento, y sólo 30.6 por ciento viene de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Apoyo al sector investigador, la clave
La salvaguarda de la propiedad intelectual y el apoyo al sector investigador para la creación de nueva tecnología, son determinantes para que el sector industrial de México pueda competir con las economías más desarrolladas y vanguardistas del mundo.
· El CEESP revisó los alcances del desarrollo tecnológico y las variables que influyen en su entorno, así como la posibilidad de utilizar la innovación como política de crecimiento.
· Mientras más competitiva es una economía podrá alcanzar mayores niveles de crecimiento, y por tanto de bienestar social en el mediano y largo plazo.
· El CEESP recordó que de acuerdo con los resultados de competitividad publicados por el Foro Mundial Económico, Finlandia es el primer país en la materia, seguido por Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y Taiwán.
· Si nos fijamos en los países que integran este grupo de alta competitividad, son países desarrollados con un nivel de bienestar social alto, ya que la relación entre productividad o competitividad y nivel de vida es positiva.
· Desde que comenzó a publicarse el ranking, México ha caído significativa y continuamente. En 1999 nuestro país se ubicaba en el lugar número 31 y seis años después, en 2006, se ubica en el puesto 59.
· El CEESP sugiere el desarrollo de nuevas ideas y tecnología vanguardista, pues es uno de los elementos que puede contribuir al nacimiento y crecimiento de industrias nuevas que puedan posicionar a México.
· Plantea que para impulsar a las personas y empresas a generar innovación tecnológica se requiere de inversión, que no sólo provenga del Estado.
· Lo óptimo es que la inversión sea balanceada entre la iniciativa privada y el gobierno, para que el riesgo, en caso de existir, sea menor.
· La innovación tecnológica como política de crecimiento es una de las opciones que el Gobierno podría desarrollar.