Justo en víspera de la concurrida marcha convocada por el movimiento obrero independiente en defensa de la autonomía sindical ante la embestida gubernamental contra los mineros y su líder Napoleón Gómez Urrutia y ante la insistencia gubernamental en arremeter contra éste con toda la fuerza del Estado, exigiéndole que explique dónde quedaron los 55 millones de dólares que de acuerdo con un convenio que Grupo México suscribió con el Gobierno Federal durante la privatización de las mineras Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre en 1989 y 1990, respectivamente, la dirigencia sindical hizo una explicación para aclarar la confusión que se ha originado. Horas antes de que decenas de miles de trabajadores de las centrales y sindicatos que militan en la Unión Nacional de Trabajadores y disidentes del Congreso del Trabajo marcharan la tarde de ayer desde cuatro distintos puntos de la ciudad rumbo al Zócalo capitalino, en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares se reveló que el monto calculado de esa suma que se debía entregar al personal sindicalizado de ambas minas -y no a los de todo el país como han pretendido hacer creer los directivos de Grupo México y de su subsidiaria Industrial Minera México que explotaba la mina ocho de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila- fue de 19.5 millones de dólares que se depositaron en un fideicomiso minero. Sin embargo, agregó la dirigencia minera, aquéllos dejaron transcurrir 15 años esperando quizá que el tiempo borrara del contrato esa obligación, hasta que los abogados de Gómez Urrutia, pertenecientes a varios bufetes, después de interponer numerosas demandas y amparos lograron cobrar a Grupo México los 19.5 millones de dólares más los gastos erogados en década y media, que suman los 55 millones de dólares en total de los que hoy se exigen cuentas al sindicato. Éste, ya encabezado por el hoy acosado líder sindical, en acuerdo con el Consejo General de Vigilancia y Justicia del comité ejecutivo nacional y los consejos locales del mismo en las secciones de Cananea, Nacozari y Agua Prieta, decidieron integrar un Comité Técnico para cumplir con el requisito bancario de trasladar el monto a una cuenta bancaria a nombre del sindicato, ante lo cual la empresa se dijo engañada y reaccionó exhortando a los trabajadores de otras mineras a que reclamaran su parte aun cuando no tenían derecho alguno. La dirigencia sindical insiste en que puede comprobar la entrega de cinco mil 300 cheques a igual número de trabajadores que recibieron un monto de 80 mil pesos en promedio, es decir, que ya se pagaron 421 millones de pesos aproximadamente y que el resto está en las cuentas bancarias del sindicato. Reconoce que son mil 200 sindicalizados los que todavía tienen derecho a ese pago y que no han cobrado por diversas circunstancias: una, que al menos 400 ya murieron y sus viudas disputan el pago con las concubinas; otra, que trabajadores despedidos de las dos empresas privatizadas emigraron y una más, que mineros con más de 15 años de antigüedad extraviaron los comprobantes de su finiquito, requisito que exige el sindicato para entregar esos recursos. La dirigencia sindical insiste en que está en posibilidad de demostrar legalmente que ha cumplido con esa obligación que hoy es pretexto para emprender la persecución política del Gobierno contra Gómez Urrutia.
DE ESTO Y DE AQUELLO
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