A cuatro meses de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en la que 65 mineros perecieron a consecuencia de una explosión, sus restos siguen sin poder ser rescatados, y el Gobierno Federal mantiene un acoso feroz al líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, al que ha acusado de todo, desde un supuesto “fraude” por 55 millones de dólares, hasta “lavado de dinero” y “vínculos con el narco”, pero sin fincarle responsabilidad, mientras los familiares de los desaparecidos esperan el resultado de una “investigación oficial”, de la que nadie sabe nada, para que los responsables sean castigados.
De ese “homicidio industrial” fueron acusados penalmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, el presidente de Minera México que explotaba la mina, Germán Larrea, y el secretario del Trabajo, Francisco Salazar, quien ha sido el ariete del Gobierno del presidente Fox para entrometerse en la vida interna de aquella organización, “desconocer” por cuenta propia a Gómez Urrutia e intentar su hasta ahora frustrado encarcelamiento.
Esa persecución en contra del dirigente minero ha originado marchas de afiliados a la UNT y el paro nacional que se anuncia para el 28 de este mes, el último día de campaña de los candidatos. Ese accidente, y la persecución que el Gobierno emprendió contra el líder de los mineros, propició un enfrentamiento del secretario del Trabajo con el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira , quien se le enfrentó cuando fue a mentirle a los familiares de los mineros de que seguían con vida y que serían “rescatados pronto”, a sabiendas de que murieron al momento. La actitud del mandatario le ha costado muy caro a la economía de Coahuila, que se ha visto privada de la entrega de recursos federales, por lo que en el Gobierno Federal se calificó de “desafío” al declarar a Salazar persona non grata en el estado ante el repudio de los familiares de las víctimas. Cuatro meses han transcurrido sin que los restos de los mineros hayan sido rescatados y nada se sepa de la investigación, al tiempo que cada día se revelan más detalles de la forma en que el Gobierno ha actuado contra el sindicato minero y su “desconocido” líder, al que han acusado de todo sin que le haya podido probar nada.
