Después de tres semanas de responsabilizarlos de haber ensuciado una concurrida y ordenada jornada electoral, la coalición Por el Bien de Todos acusó ayer penalmente ante la PGR a los 11 integrantes del IFE que encabeza Luis Carlos Ugalde por no haber impedido, como era su obligación, que empresas mercantiles contrataran propaganda durante el proceso y de que el consejero presidente de ese organismo se apresurara a declarar ganador de la contienda a Felipe Calderón, lo que constituye un ilícito, ya que la única instancia para hacerlo es el Trife, una vez calificados los comicios.
Horacio Duarte Olivares, representante de esa coalición, acudió a la sede de la PGR para entregar la documentación contenida en 21 cuartillas en la que basa su acusación a los consejeros electorales cuya actuación la noche del primer domingo de este mes originó el enredo que tiene a los siete magistrados del Trife en el ojo de un huracán al que son ajenos. Para el también diputado federal del PRD que con el Del Trabajo y Convergencia, conformaron la coalición de izquierda que postuló y apoyó a López Obrador, “el Consejo General del IFE -que encabeza Ugalde- no tiene autoridad moral ni mucho menos autoridad política para seguir al frente del máximo organismo de dirección de los procesos electorales” y arremetió: “El IFE ha sido un esfuerzo de construcción de muchos años, de muchos partidos, de todas las fuerzas políticas, y es claro y contundente que el actual IFE respondió exclusivamente a un sector político, respondió a los intereses del PAN y sus aliados y aliadas, eso es muy claro y nos parece que ninguna fuerza política puede tolerar que un órgano se mantenga en esa condiciones”.
Duarte Olivares mencionó a las empresas mercantiles Jumex y Sabritas como las que ilegalmente contrataron spots en tiempos de campaña y en el marco de la jornada electoral y acusó al IFE de haber permitido que el Consejo Coordinador Empresarial lo hiciera también para atacar a López Obrador. Citó el Artículo 405 del Cofipe que establece los diversos supuestos en los cuales se considera que un funcionario electoral, en este caso Ugalde y los consejeros, incurre y que tiene sanciones de multa o prisión de dos a seis años. Con esta denuncia penal presentada contra los integrantes del IFE por presuntos delitos electorales, la coalición Por el Bien de Todos los ubica en el banquillo de los acusados de haber propiciado el conflicto post electoral en el que está inmersa la elección presidencial.
