A 15 días de que se instale la 60 Legislatura del Congreso de la Unión, ante la que el presidente Vicente Fox deberá rendir su último informe de Gobierno el primero de septiembre y después del frustrado intento de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador de plantarse frente a la Cámara de Diputados, ésta quedó sitiada por elementos de la Policía Federal Preventiva ante la anunciada nueva presencia de militantes de los partidos de la coalición Por el Bien de Todos y el riesgo de que cumplan su amenaza de tomar el recinto legislativo para impedir que diputados y senadores, incluidos los del PRD, PT y Convergencia, que conformarán aquélla, asuman sus cargos.
Después del violento desalojo policiaco de lopezobradoristas, que el perredista tabasqueño tildó de un acto de “represión” y de reiterar que, como lo anunció el domingo pasado, sus partidarios se movilizarán el primero de septiembre hacia el recinto legislativo de San Lázaro, el ambiente de crispación motivado por el conflicto post electoral se acentuó, al tiempo que surgieron insistentes versiones de que una vez que resuelvan hoy las impugnaciones presentadas por los partidos políticos a la elección de senadores y diputados federales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apresurará la calificación de la presidencial para determinar su validez y declarar presidente electo a Felipe Calderón, como aseguran los panistas y justificadamente temen los perredistas, lo que seguramente provocará inmediatas y violentas reacciones de éstos.
De acuerdo con esas versiones y dada la riesgosa situación que priva en el país por las nuevas movilizaciones convocadas por López Obrador, que más temprano que tarde pueden llegar a trágicos enfrentamientos, es posible que la resolución del máximo tribunal electoral del país se dé la víspera del primero de septiembre y no hasta el seis de ese mes, que es el plazo legal para ello.
Eso no evitará que la sede del llamado Palacio Legislativo pretenda ser tomada por los partidarios de aquél con el propósito de evitar que la nueva Legislatura pueda instalarse y que el presidente de la República rinda su postrer informe de Gobierno.
Lo ocurrido anteayer enfrente y en los alrededores a la sede del Congreso de la Unión con el enfrentamiento entre los partidarios de quien fue candidato presidencial de la coalición de izquierda e integrantes de la PFP, fue un primer acto de los varios que pudieran repetirse el primer día del mes próximo, si los rencores y odios que se han alentado y agudizado antes, durante y después de la elección presidencial siguen rebasando la prudencia y toda posibilidad de diálogo y negociación que evite que el país se desbarranque y la violencia lo envuelva todo.
Se puede estar a tiempo de ello; de no ser así, todos nos lamentaremos de lo que ocurra.
DE ESTO Y DE AQUELLO...
Tal parece que los “estrategas” del Gobierno federal han sugerido que la solución al conflicto social que priva en Oaxaca sea utilizada como “maniobra de distracción”, si el Tribunal Electoral declara presidente electo a Felipe Calderón, y Andrés Manuel López Obrador y sus huestes reaccionen con la violencia que ya anunciaron y de la que ya han dado sobradas muestras. Esos “estrategas” presumen que con la desaparición de poderes y la remoción del gobernador priísta Ulises Ruiz, habrá motivo suficiente para que la atención de la opinión pública se fije en ese caso y no en el fallo de la máxima instancia electoral. Se asegura que así se lo han hecho creer a algunos ingenuos que gobiernan el país y que por eso la ingobernabilidad que impera en Oaxaca bastará para “distraer” la atención nacional, se resolverá en cuanto el Tribunal Electoral resuelva sobre la validez de la elección presidencial.
Por lo pronto, tampoco en su sesión de ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluyó en su orden del día nada en relación a la solicitud formal que un grupo de profesores de Oaxaca presentaron hace tres semanas para que ese órgano legislativo declare desaparecidos los poderes en esa entidad.
Causó extrañeza que, según se dijo, el violento desalojo de perredistas que pretendieron apostarse frente a la Cámara de Diputados haya sido “coordinado” por elementos del Estado Mayor Presidencial.
