Nos parece positivo que el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente electo de Estados Unidos Mexicanos, inicie en su oportunidad una reforma a la legislación electoral para eliminar el sistema de elección por mayoría proporcional, ya planteada en la Legislatura 58 por el partido Acción Nacional e impulsada por el propio Calderón como diputado federal, aunque ignorada por el PRI, el PRD y las miniaturas de partidos familiares y ocasionales que se alimentan en la ubre del pluralismo electoral.
En el período del licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República de 1958 a 1964, aparecieron los primeros “diputados de partido”. Era una iniciativa inocua que tenía la intención de dar atole con el dedo al Gobierno estadounidense por su insistencia de democratizar las elecciones en nuestro país; algo que se veía urgente en la mayor parte de los países de América Latina gobernados por dictadores. En aquel entonces nuestro país parecía ocupar el liderazgo democrático americano pues celebraba elecciones cíclicas, legales y pacíficas.
Con esa salida de banco, ideada para calmar la inquietud de los vecinos del Norte, el Partido Revolucionario Institucional debería haber madurado políticamente, pues era lógico pensar que si continuaba con la farsa electoral vigente desde 1929, el PRI se iba a deteriorar hasta provocar que los ciudadanos exigieran de modo violento la instauración de un sistema democrático y confiable mediante la participación de varios partidos en oposición al PRI; es decir los de la derecha y la izquierda según la antigua pero prevaleciente geografía ideológica. De todos modos, el descontento ciudadano hubo de surgir en 1968.
Pero los famosos diputados “de partido” no funcionaron porque los electores no creyeron en la sinceridad de la propuesta: pensaban que era un truco más del PRI. La afluencia en las casillas fue escasa durante los comicios en que se puso en vigor la reforma, aunque el PAN obtuvo un diputado federal. Luego en nuevas y subsiguientes reformas se pavimentaron las veredas hacia una mejor representación de los partidos en el Congreso de la Unión, en las legislaturas locales y en la integración de los Ayuntamientos hasta llegar a la sobrerrepresentación que hoy agobia a los presupuestos de egresos de cada nivel de poder, encarece el costo de los procedimientos electorales y entorpece las funciones legislativas.
Pero don Felipe Calderón se queda corto en la proposición que formula en el capítulo “Temas legislativos” de la agenda nacional para el próximo Gobierno: habla de reducción del número de legisladores cuando lo urgente y necesario es la absoluta eliminación del sistema de representación proporcional. Por los resultados de varias elecciones los partidos de Oposición al PRI han evidenciado contar con el respaldo ciudadano necesario para acceder a los escaños y las curules por mayoría relativa. En los comicios de 2006 fueron reales y tangibles los triunfos de candidatos a diputados y senadores del PAN y del PRD que sobrepasaron al PRI en número de distritos ganados.
El pluralismo se justificaba cuando los partidos políticos opositores al PRI no ganaban por medio del sistema de mayoría relativa. Pero ahora sí ganan: por lo menos tres partidos han logrado obtener el consenso ciudadano necesario para triunfar por mayoría de votos, sin necesitar el sistema de contentillo que es la representación proporcional. Y sin embargo, hay doscientos diputados plurinominales —sobre 300 de auténtica mayoría relativa- que son beneficiarios de curules, las cuales constituyen unas verdaderas prebendas, regalos de las dirigencias partidarias. Así obtienen el apoyo indispensable para un primer sitio en las listas respectivas de cada partido y ingresan a la mayoría de los rudos que es necesaria para sabotear cualquier votación importante; aunque también hay en este sector de “pluris” la presencia de varios comodinos que juegan a lo seguro, sin trabajar ni invertir en sus campañas, por lo que algunos politicastros llegan a alcanzar, sin más esfuerzo que colmar de genuflexiones y carantoñas a sus dirigentes de partido. La anhelada categoría de líderes de bancada que conlleva el manejo “ad limitum” de recursos económicos, autorizados o no en las respectivas leyes de egresos.
Nadie puede negar la impopularidad que han ganado los diputados federales, los senadores, los diputados locales y los regidores y síndicos de los Cabildos, debido al manejo discrecional del dinero que sale de nuestros impuestos, para otorgarse bonos, apoyos u otros egresos supuestamente justificados.
Esto y el desembolso multimillonario que implica la organización de los procedimientos electorales, le entrega de beneficios a los partidos y el solventar los gastos de publicidad y propaganda para los respectivos candidatos a cargos de elección popular, tienen a los ciudadanos hasta la coronilla.
No va a ser tan fácil como un “enchílame otra” la aprobación de la reforma que propone el futuro presidente de la República, pues tanto los directamente beneficiados de la canonjía plurinominal, como las dirigencias de los partidos, encontraron en dicho sistema el modo de llenar la tripa de los malos años.
Lo único que podemos hacer, como en la fiesta brava, donde cualquier imprevisible puede suceder, es gritar desde el tendido a Felipe Calderón: Que haya suerte, mataor! Y que no le coja el toro...
