Las aguas volvieron a su cauce con la decisión del Tribunal Electoral de recontar los votos sólo de 11,894 casillas (9.07 por ciento de las 130,437 que funcionaron el dos de julio) y con ello dio un revés definitivo al voto por voto del PRD y su coalición. “Se desestima la pretensión consistente en la realización de un nuevo escrutinio y cómputo”, dijo el magistrado presidente Leonel Castillo González.
Pero Andrés Manuel persiste en su capricho de que las cosas se hagan como él dicta, en este país democrático y de leyes, y sigue desafiando a la autoridad a que frene los actos desestabilizadores del orden a que induce a sus seguidores.
No sólo falso sino perverso es el dilema que manejan los perredistas: plantones o represión. Los primeros son ilegales y emplear la fuerza para hacer respetar la ley no es represión, sino ejercer la autoridad para hacer prevalecer el Estado de Derecho contra quienes quieren sembrar ingobernabilidad.
Valga precisarlo bien, pues perredistas como Ricardo Monreal y Pablo Gómez -para hacer méritos con el Peje- retaron al gobierno a reprimirlos.
Se escudan en llamarse luchadores sociales, cuando son simples porros que alteran el orden y piden su limosna de ser sometidos al orden para gritar represión, hacerse pasar por mártires y quien quite hasta consigan un muertito, que les sirva de pretexto para agitar más.
Aunque ellos propalan que el Presidente es débil, quisieran que ordenara levantar los campamentos con la fuerza pública, y López Obrador desearía que volviera a ser su publicista, como en el desafuero, para relanzarse al liderato que perdió por su tozudez.
Pero Fox no caerá de nuevo en el garlito, dejará correr la cuerda, y una vez que el TRIFE dicte su veredicto, que será contrario a AMLO, y éste arme tremolina, entonces sí tendrá que poner orden -con el aplauso general- ante una subversión abierta.
Que quede bien claro: se reprime cuando se ataca a la población sin razón; no si se transgrede la ley, se desafía a la autoridad o se desestabiliza. Ahí no cabe hablar de represión, porque para eso tiene el poder la autoridad.
Los perredistas sueñan con otro 68 sangriento; pero no habrá de piña, si se delinea una buena estrategia. Allá ellos si quieren inmolarse a fuerza.
Andrés Manuel anhela que arremetan contra las escasas huestes de sus plantones -que lo son, como lo comprobó e hizo berrinche por ello- para invocar represión a ver si se resarce, aunque sea un poco, de las simpatías que pierde aceleradamente por su doble error: bloquear las avenidas clave del DF y por empeñarse en darle la razón a Calderón de que es un peligro -inobjetable y muy serio- para el país.
No creó el Comité Ciudadano que anunció idearía los pasos de la resistencia civil, porque los invitados se negaron a ser peleles que sólo avalarían sus caprichos y los de sus favoritos (Camacho, Monreal, Ebrard) que reclaman acciones más drásticas.
Por eso no hizo caso a los intelectuales que criticaron el megaplantón (“no tienen oficio político”, dijo) y menos a los obispos que lo señalaron como promotor del rencor, el odio, la discordia y el desprecio a los demás.
De ahí que muchos de sus simpatizantes se hayan convencido ya de que un psicópata, entercado en violar la ley, no debe gobernar a México.
Por ningún lado les resultan los cálculos porriles al Peje y su corte, porque ya el TRIFE indicó que no aceptará el voto por voto y tiene bien claro que él no cumplirá su palabra de aceptar su fallo, como siempre lo hace, y caería en su ardid pues enseguida le exigiría anular la elección, arguyendo que violó la ley, sería cuento de nunca acabar y, sobre todo, no hay razón para ello.
Además, si el TRIFE accediera a darle el triunfo que le negaron las urnas, sería negarse a sí mismo, darse un tiro, pues el Tribunal es producto del andamiaje electoral que México se ha construido durante años y a costos muy altos, para desterrar el fraude electoral en que tradicionalmente incurría el PRI, mediante las elecciones de Estado.
Eso implicó que éste dejara de ser juez y parte en los comicios, desaparecer la Comisión Federal Electoral en manos de la Secretaría de Gobernación, y sustituirla por el IFE; quitar la facultad de calificar la elección presidencial a la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral y dársela al TRIFE, convertido en el árbitro supremo del proceso comicial, cuyos fallos son inatacables.
Esto incluye la credencial de elector con fotografía, la lista nominal de electores también con foto, boletas foliadas, firmadas y con sellos de seguridad, urnas transparentes con ranura delgada, elección de consejeros del IFE y, por insaculación, de funcionarios de casilla, a quienes vigilan y auxilian representantes de los partidos, en una auténtica ciudadanización comicial.
Todo ello según una nueva Ley electoral, que indica los pasos organizativos a realizar por el IFE, bajo la vigilancia de los representantes de los partidos, que toman acuerdos sobre la marcha, por lo que se obligan a respetar el resultado de tanto esfuerzo.
Si el TRIFE tirara a la basura todo este bagaje, daría al traste con la naciente democracia, clausuraría el IFE, debería ordenar enjuiciar a sus consejeros por actores del fraude, proclamar de plano -como D. Porfirio- que no estamos preparados para la democracia y ponernos en manos de un dictador, el caudillo derrotado en las urnas, a quien declararía, ilegalmente, Presidente Electo.
¿Para qué hacer en adelante más elecciones, si el más gritón y tramposo ganaría de todos modos?
Si a diario AMLO se descara con sus maniobras a la vista de todo mundo para salirse con la suya de ser presidente, ¿qué no harían en lo oscurito él y su corte, cuántas patrañas y maniobras fraudulentas realizarían para tratar de ganar?. Pero les falló su afán de derrotar a Felipe Calderón, ya que ni así pudieron.
