“Todos pedimos que se aplique la Ley y
todos tratamos de eludir su cumplimiento”.
Émile Alain
Hace algunos días al entrar a Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, un miembro de mi equipo de televisión, un camarógrafo, fue detenido por una agente de Migración. El problema, explicó la mujer, es que el fotógrafo tenía registrada en la computadora una infracción de tránsito de hace dos años. O pagábamos la infracción o el camarógrafo tendría que permanecer cuatro días en la cárcel.
La infracción era por exceso de velocidad. Un radar había captado que el automóvil que conducía el camarógrafo antes avanzaba a 56 kilómetros por hora de velocidad en una zona de 50. No había forma de escapar. La ficha del radar era precisa en cuanto al día, mes, año, hora y circunstancias en que se había cometido la infracción. Tampoco había negociación posible con el policía cantonal de Zurich -con un arete en la oreja- que se presentó a cobrar la multa o a encarcelar al camarógrafo.
Por ese exceso de velocidad de seis kilómetros por hora hubo que pagar 300 francos suizos, casi tres mil pesos.
Esta anécdota me vino a la mente esta semana cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dio a conocer la introducción de un sistema de radares para sancionar el exceso de velocidad en las calles de la ciudad. Los resultados del programa han sido espectaculares en los primeros días. Miles de vehículos han sido identificados en violación de los límites de velocidad y se han emitido las multas correspondientes. Es quizá inevitable que con la introducción de estos programas hayan surgido voces de protesta.
Por alguna perversa lógica, algunas personas en México piensan que la aplicación de la Ley viola los derechos individuales. Esta misma reacción la vimos cuando se empezó a usar el alcoholímetro. Pero los beneficios para la sociedad de lograr que se vaya creando una cultura de respeto a la Ley rebasan con creces cualquier otra consideración.
Joel Ortega, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ha señalado en distintas entrevistas que el número de muertes en la Ciudad de México por homicidios culposos o accidentes es superior incluso al de los homicidios dolosos. Este simple hecho debería hacernos reflexionar. No hay peor violación a los derechos de una persona que se le prive de la vida. Poco importa que esto sea por irresponsabilidad en lugar de cómo consecuencia de una agresión directa.
Y la verdad es que los accidentes fatales, en su enorme mayoría, son provocados por el alcohol o por el exceso de velocidad. Las víctimas y la sociedad tenemos derecho a exigir que se apliquen las Leyes que impiden el consumo de bebidas embriagantes por conductores y el manejar con demasiada velocidad.
El respeto a la Ley es uno de los pilares del desarrollo económico. No es coincidencia que uno los países del mundo en que hay un mejor sistema de aplicación de la Ley, Suiza, sea también una de las economías más prósperas del planeta. Sorprende, quizá, que se pueda detener a un infractor en Suiza dos años después de una infracción y en el momento de entrar en el país, y eso por un exceso de velocidad de sólo seis kilómetros por hora. Pero eso nos demuestra la importancia que le han dado los suizos al cumplimiento de la Ley.
Lo que han logrado es posible porque se está aplicando una tecnología adecuada y porque todas las autoridades -las de migración y las de tránsito- trabajan de común acuerdo. Eso lo podríamos lograr en México si realmente quisiéramos. Siempre me ha inquietado la posición de algunos políticos en el sentido de que la Ley sólo debe aplicarse cuando no se contrapone a la “justicia social” o a la conveniencia política.
Por esto siempre estuve en desacuerdo con la decisión de la PGR de no ejercer acción legal en contra de Andrés Manuel López Obrador por el desacato en el caso de El Encino. Por la misma razón he estado en desacuerdo con la aparente decisión de Alejandro Encinas de no respetar la decisión de la Suprema Corte en el caso de la expropiación del predio de la refresquera Pascual. Pero en el caso particular de la introducción del alcoholímetro y los radares para prevenir el exceso de velocidad no hay ninguna duda que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal está en el camino correcto.
Parece poco lograr que los automovilistas no beban en exceso antes de conducir o no rebasen los límites de velocidad. Pero si esto se obtiene con la introducción de tecnología y con una decisión firme de aplicar la Ley, el resultado será salvar cientos de vida al año. Y esto sería un triunfo espectacular para cualquier Gobierno.
FOX Y EL VOTO
Buenas razones tienen los candidatos y voceros del PRI y el PRD al quejarse del activismo político del presidente. Ayer Vicente Fox pidió a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Mérida que voten por un Gobierno joven que no endeude al país ni incurra en populismo. Sólo faltó que dijera que deben sufragar por Felipe Calderón. El mandatario está ensuciando innecesariamente la elección. Una cosa es defender sus acciones de su Gobierno y otra muy distinta decirle a los mexicanos por quién deben o no votar.
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