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Reabren caso Caravana de la Muerte contra Augusto Pinochet

EL PAÍS

SANTIAGO DE CHILE.- El pleno de jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ayer por una amplia mayoría de 17 votos contra seis, desaforar al ex dictador Augusto Pinochet por las fundadas sospechas de su responsabilidad en dos crímenes cometidos poco después del golpe militar de 1973 por una misión encabezada por un general del Ejército, que envió a reprimir en ciudades de provincias y asesinó a 109 prisioneros políticos, conocida como la Caravana de la Muerte.

La resolución de la Corte de Apelaciones, que los jueces tomaron después de dos horas de alegatos de los abogados de ambas partes, implica la reapertura de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. El primer desafuero y procesamiento que recibió Pinochet al regresar de su detención en Londres en 2000 fue dictado por el juez Juan Guzmán por otros 75 homicidios y secuestros de prisioneros, cometidos por esta misma comitiva, aunque finalmente las Cortes superiores lo sobreseyeron en 2002 por su supuesta demencia senil.

Con su decisión, los magistrados revocaron la decisión previa del juez de la Corte de Apelaciones que instruye este caso, Víctor Montiglio, quien había rechazado elevar al pleno de jueces la petición de desafuero hecha por los querellantes, al considerar sobreseído este juicio para Pinochet. Las víctimas, Wagner Salinas y Francisco Lorca, integrantes de la escolta del derrocado presidente Salvador Allende, conocida como el Grupo de Amigos Personales (GAP), fueron detenidos al sur de Santiago, en la ciudad de Curicó, el día del golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Un testigo observó llegar a los prisioneros al regimiento Tacna, en Santiago, poco antes que fueran fusilados en este recinto militar y sus cuerpos aparecieran en los suburbios de la capital.

La dictadura informó que habían muerto en un “enfrentamiento”. Guzmán no incluyó el caso en su desafuero por los detalles sólo se han conocido ahora. El abogado querellante Hugo Gutiérrez, que investigó este nuevo episodio de la Caravana, sostuvo que se reabre el caso “y se va a dirigir en su contra (de Pinochet) en calidad de autor de los ilícitos”.

El desafuero coincidió con la decisión de la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de conceder la libertad provisional a Pinochet por la Operación Colombo, el montaje para asesinar prisioneros en la dictadura, aceptada previamente por el juez Montiglio, con una fianza equivalente a 19 mil 230 dólares. El ex dictador, que estaba bajo arresto domiciliario desde el 24 de noviembre, recuperará su libertad en cuanto pague la fianza.

Su abogado Rodríguez afirmó ayer que carecían del dinero porque todos los bienes del general están retenidos por orden de otro juez, aunque esperaban reunir la cantidad hoy jueves. Pinochet está procesado como autor de crímenes y de cuatro delitos de corrupción por dos jueces.

Piden 17 mil años de cárcel para ex militar Cavallo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado una pena mínima de 13 mil 332 años de cárcel y una máxima de 17 mil 010 para el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, en función de que se le condene por delitos de lesa humanidad o de genocidio.

Esta petición tan elevada, pese a que el cumplimiento máximo de condena es de 30 años en España, figura en el escrito de calificación dado a conocer ayer y que ha presentado la Fiscalía ante el tribunal, a la espera de que se señale juicio al ex militar argentino.

Cavallo fue extraditado desde México en 2003 a petición del juez español Baltasar Garzón en el marco de su investigación por los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

El ex militar argentino, quien presuntamente cumplió servicio en el centro de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), había pedido al tribunal poder ser trasladado a una cárcel militar. Aunque la sala todavía no le ha contestado, fuentes de la Audiencia Nacional recordaron que Cavallo no tiene en España la condición de militar y por lo tanto deberá permanecer en una prisión civil.

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