Asegura el vocero de Los Pinos que el reporto es sólo un borrador inconcluso.
Agencias
MEXICO, DF.- El Gobierno de México rechazó un informe que responsabiliza a los regímenes priistas de las persecuciones, torturas y masacres cometidas durante la ?guerra sucia? de las décadas de los 60, 70 y parte de los 80, por considerar que éste es un simple borrador inconcluso.
?No podemos avalar documentos de trabajo, borradores que no han pasado a la discusión y a la redacción final a lo cual se compromete la propia fiscalía?, puntualizó Rubén Aguilar, el vocero presidencial.
Confirmó que el reporte sobre tales acontecimientos represivos de la historia mexicana contemporánea,- filtrado a medios estadounidenses el lunes pasado,- es sólo parte de un documento completo que elabora la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP).
Al reiterar que el publicado ?no es oficial? porque ?todavía no está terminado?, el portavoz oficial dijo esa Procuraduría especial ?está por terminar esta investigación? y que, una vez que ello ocurra, ?habrá de darla a conocer, y a su vez turnarla a las instancias judiciales correspondientes?.
Aguilar anunció, sin embargo, que ?en las próximas semanas? dicha instancia, instaurada hace cuatro años por el presidente Vicente Fox, dará a conocer el informe definitivo en el que se conocerá ?la verdad histórica de esos terribles hechos, para que la sociedad mexicana sepa exactamente lo que pasó?.
El texto señala que Estado mexicano incurrió en crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio, al intentar destruir a insurgentes, campesinos y activistas que consideró ideológicamente sus enemigos.
Una versión, aparentemente preliminar, del texto hecho por 27 especialistas de la FEMOSPP y entregado a su titular, Ignacio Carrillo Prieto, fue filtrada a medios de comunicación, intelectuales y a Organismos No Gubernamentales de Estados Unidos como The National Security Archives (NSA), y circula desde el pasado domingo en Internet. El documento, entregado en diciembre de 2005 a la fiscalía, no ha sido ratificado por el Gobierno Federal.
