EFE
MADRID, ESPAÑA.- Decenas de miles de personas se concentraron ayer en Madrid, convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), para exigir al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que no negocie con el grupo separatista Patria Vasca y Libertad (Euskadi Ta Askatasuna ETA, por sus siglas en vasco).
A la concentración asistió la cúpula del conservador Partido Popular (PP), que acusa al Gobierno de Zapatero de ceder al chantaje de ETA, que el pasado 22 de marzo anunció un alto el fuego permanente, y de pagar un “precio político” para que deje de matar.
El líder del PP, Mariano Rajoy, el secretario general, Ángel Acebes, el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, y la presidenta del partido en el País Vasco, María San Gil, estuvieron presentes, junto a la presidenta de la región de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón.
El presidente de los populares dijo que espera que “el Gobierno tome nota de la presencia de cientos de miles de españoles que le dicen que de ninguna forma puede negociar o pagar un precio político a una organización terrorista”.
“La gente lo que quiere es una derrota de ETA y lo que no quiere de ninguna manera es un Gobierno débil que claudica”, dijo Rajoy, quien añadió que esto “es lo que vamos a defender, porque es lo que hace más de 30 años han hecho todos los españoles y los Gobiernos”.
San Gil, que cifró en “cientos de miles” los asistentes a la concentración, opinó que el Gobierno “no puede negociar en nombre de las víctimas”, porque significaría traicionar su memoria.
El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, pidió que en nombre de las víctimas “no se ceda al chantaje terrorista”, que el Gobierno “no se siente a dialogar con Batasuna (el ilegalizado brazo político de ETA)” y que no se hagan “concesiones a los asesinos”.
“Pedimos que en nuestro nombre no se conceda a ETA lo que no ha conseguido en 38 años de asesinatos (con más de 850 víctimas), que el Gobierno no claudique ante la banda terrorista”, añadió.
Los convocantes exigieron además al Ejecutivo la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria de los atentados del 11-M.
