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Recibe Fepade 150 denuncias por presuntos delitos electorales

Por Leopoldo Ramos

El Siglo de Torreón

/ Agencias

SALTILLO, Coah.- La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), María de los Ángeles Fromow Rangel, confió en que la elección del dos de julio próximo será limpia y sus resultados inobjetables.

Al suscribir un convenio de colaboración con el Gobierno de Coahuila, a través del Ejecutivo Estatal, Humberto Moreira Valdés, para realizar actividades que fortalezca el buen uso de los programas y evitar el desvío de recursos públicos para otros fines, asentó que la meta es crear el marco para comicios justos.

La funcionaria federal señaló que a poco más de un mes de que se realicen los comicios para elegir nuevo presidente de México y renovar la Cámara de Diputados y la de Senadores, en todo el país se han presentado 150 denuncias por la presunta incursión en delitos electorales.

Dijo que los principales problemas se encuentran en el Distrito Federal, el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Puebla y señaló que en Coahuila no se tiene el registro de ninguna queja.

Fromow Rangel señaló que la mayoría de las querellas tiene que ver con el empleo de recursos públicos para favorecer a determinado candidato o partido político y al condicionamiento en la entrega de programas de asistencia social.

También hay casos de funcionarios públicos que presuntamente han obligado a sus subordinados a respaldar determinada candidatura y señaló que también están vigentes situaciones como “la compra, coacción y solicitud del voto a cambio de algún beneficio económico o social”.

Por su parte, el gobernador aseguró que busca que las elecciones en Coahuila reine la legalidad y que haya una importante participación ciudadana, “pero lo mas importante, es que no exista una sola mancha en el proceso”.

Los objetivos del convenio entre la Fepade y el Gobierno del Estado fueron dadas a conocer por el secretario general de Gobierno Óscar Pimentel González, que son: capacitar a los funcionarios estatales y municipales para que no incurran en delitos electorales y establecer mecanismos para denunciar hechos en los que se presuma irregularidades.

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