El Siglo de Durango
Carlos Burciaga Rosales, director de Transportes del Gobierno Estatal (DGTE) reconoce que falta una cultura de buen trato a las personas con discapacidad por parte de los choferes y que para solucionar el conflicto por el cual atraviesan al no contar con unidades aptas para trasladarlos, se requiere de un proyecto integral.
El funcionario avisa que en lo que ya pronto se tendrá una respuesta, es en la petición de los adultos mayores acerca de contar con un descuento en su pasaje, puesto que en el acuerdo del incremento a las tarifas se incluyó una cláusula respecto a esta situación y en pocos días, se dará a conocer cual será el beneficio.
Informa que en términos generales, se calcula un universo de 15 mil personas registradas ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Durango, y cerca de un 24 por ciento hace uso del transporte público. Afirma que mediante un estudio socioeconómico se determinará quienes requieren de un apoyo de esta naturaleza y a los beneficiados, se les otorgará una credencial. No obstante, aún no está definido la deducción de la que serán acreedores.
Pero lo que concierne al transporte de personas con discapacidad, considera que la solución no es tan sencilla. Justifica la mala actuación de varios conductores con el argumento de que en términos generales, la sociedad carece de una cultura de respeto a las personas con capacidades diferentes, pues esto se puede ver en la invasión del que son objetos los cajones de estacionamiento destinados para ellos.
Dice pues, que no ignora el hecho de que algunos choferes no brindan un buen servicio a este sector de la población y que para esto, se requiere de una capacitación especial.
La Ley de Transportes del Estado de Durango indica que se debe dar un trato preferencial a estas personas, sin embargo, no se les puede obligar a que sus unidades tengan el equipo necesario para trasladar a los discapacitados, como lo podría ser, alguien en silla de ruedas, según establece el entrevistado.
La solución que avizora es que se requiere de un estudio integral para determinar qué tan factible y redituable es poner en circulación unidades con estas características dentro del servicio de transporte público. Esto implicaría analizar cuáles son las rutas más utilizadas y con qué periodicidad, entre otras cosas, ya que no tendría sentido una grande inversión que fuera desaprovechada.
Además, recuerda, que en la administración estatal de Maximiliano Silerio Esparza se pusieron en circulación unidades de transporte público para la gente con capacidades diferentes, medida que fracasó sin que hasta el momento se conozcan a ciencia cierta los motivos.
Por eso, insiste, se requiere de un estudio a fondo, de líneas estratégicas a seguir, de modo que sea un proyecto funcional.
Hace referencia a que en Sonora se han puesto en circulación camiones con rampas pero esto fue dentro de un plan estratégico de renovación de todas las unidades y que implicó 130 millones de pesos, acción en la que intervinieron varias dependencias e instituciones bancarias.
Señala que dotar de medios de transporte a los discapacitados no es un proyecto a largo plazo, aunque a ciencia cierta, no brinda posibles fechas para que esté concluido el proyecto del que habla.
Letra muerta
Hasta el momento, hay normativas que están sin aplicarse.
-Artículo 65: La Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, las direcciones municipales de Vialidad y el Consejo Consultivo del Transporte del Estado, establecerán las acciones, mecanismos, facilidades y preferencias, que le permitan a las personas con discapacidad su transporte y libre desplazamiento.
-Los vehículos del servicio público de transporte deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyéndose la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estaciones.
-Los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte asignarán los espacios y asientos que para el uso de las personas con discapacidad.
Artículo 67: La Dirección de Transportes en el Estado y las direcciones municipales de vialidad diseñarán e instrumentarán programas y campañas de educación vial y cortesía urbana, encaminados a motivar actitudes de respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito y desplazamiento por la vía pública.
FUENTE: Ley Estatal para la Integración de Personas con Discapacidad.
