EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Después que se oponían a la demolición del Distribuidor Vial Revolución (DVR), los representantes de la Iniciativa Privada local cambiaron de opinión. Decidieron apoyar la decisión del Gobierno del Estado tras reconocer los riesgos de que el complejo vial no quede bien si sólo se le hacen reparaciones, y que se trata de un asunto de seguridad pública.
Durante dos horas y a puerta cerrada, los representantes de cámaras y organismos empresariales afiliados al Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), se reunieron con Eduardo Olmos Castro, secretario de Obras Públicas y Transporte, en las instalaciones del Centro Empresarial de la Laguna.
El funcionario estatal les presentó y explicó el dictamen técnico realizado por el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tomando como base los antecedentes de la obra desde la fase de su construcción, los movimientos atípicos que tuvo, los estudios técnicos realizados para buscar las causas de las rotaciones en los cuatro puentes que lo llevaron a perder los peraltes, pese a las cuatro reparaciones que tuvo, y finalmente, las recomendaciones de los especialistas de la UANL contratados por el Gobierno de Humberto Moreira.
El pasado martes, en su reunión quincenal, el CLIP manifestó su oposición a que se derribara el DVR luego de considerar la fuerte suma que implicará para el erario tanto el proceso de demolición como la reconstrucción. Señalaron al Gobierno del Estado la necesidad de buscar alternativas técnicas para ?arreglar el DVR? sin tener que recurrir a esta medida, pues los recursos que se ahorrarían, bien podrían aplicarse en otras obras. Ellos también cuestionaron las fuertes molestias que implicaría todo este proceso.
Ayer reconsideraron su postura al expresar sus inquietudes a Olmos Castro y justificarse en el sentido de que no conocían los términos del dictamen técnico realizado por los especialistas de la UANL y hasta ahora dimensionaron las fallas que tiene el complejo vial en su conjunto, resultado de que el Gobierno de Enrique Martínez ocultó información importante acerca de la gravedad del problema, según Víctor Tumoine Villarreal, presidente de la Cámara de la Industria de la Vivienda.
Fernando Royo, presidente en La Laguna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó que al conocer el dictamen se dio cuenta que es necesario ?darle sepultura al DVR, lo cual es lamentable y ahora se necesita impulsar una nueva obra segura?. Dijo que las autoridades estatales anteriores quisieron ?tapar el sol con un dedo?.
Víctor Alducin Flores, presidente del CLIP, habló de que el cambio de opinión se dio también al tomar en cuenta que, ante todo, va de por medio la seguridad de los torreonenses. Se señaló la necesidad de mantener una comunicación más fluida con el Gobierno del Estado en este proceso y expresó que sin duda el caso del DVR será un parteaguas en la historia de las obras públicas.
Entre los empresarios y el secretario de Obras Públicas se tomaron los siguientes acuerdos: se seguirá exigiendo castigo para los responsables de la obra mal hecha; quedó claro que el Gobierno de Enrique Martínez ocultó información importante, y que se formará un comité ciudadano para darle seguimiento al proceso de demolición y a la nueva obra. Además, deberán establecerse vías alternas adecuadas, suficientes y que estén listas antes de empezar a tumbar el DVR.
?YA NI LLORAR ES BUENO?
El alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, dice que ?ya ni llorar es bueno? y llama a los empresarios y a integrantes de organismos colegiados, como ingenieros civiles y arquitectos, a convencerse de la necesidad de tumbar el DVR en vez de aplicarle nuevos ?parches?.
El presidente municipal expresa que ahora sólo resta enfrentar el proceso de demolición y la construcción de una nueva obra que sí será segura y digna, justamente lo que demandan los ciudadanos.
Está de acuerdo en la decisión tomada por el Gobierno del Estado respecto a demoler el complejo vial en sus cuatro puentes, atendiendo así el dictamen emitido por el Instituto de Ingeniería de la UANL y señala que ante un hecho comprobado de que la obra está mal, lo mejor es derribarla, aunque es lamentable todo lo que se va a gastar en ello.
