La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a solicitud de Andrés Manuel López Obrador, ordena un recuento de votos en el nueve por ciento de las casillas que funcionaron en las pasadas elecciones presidenciales, amerita ser objeto de análisis.
Lo anterior con el objeto de conocer el porqué del diseño específico de nuestro sistema electoral de acuerdo a la legislación vigente, así como para especular sobre las verdaderas intenciones del autoproclamado candidato de izquierda.
La sentencia del Trife manda abrir los paquetes en los casos en que las actas levantadas en las casillas presentan “inconsistencias”, entendiéndose como tales, la presencia de espacios en blanco o la falta de concordancia entre los distintos rubros a partir del número de boletas recibidas, confrontado con los números relativos a boletas sobrantes, boletas utilizadas y votos emitidos. Como se advierte, las inconsistencias ni siquiera suponen por necesidad error en el número de votos reconocidos a cada partido.
El rebuscamiento y dificultad del formato de las actas se explican porque nuestro sistema fue diseñado en términos de la Reforma Electoral realizada en la década de los noventa, cuando aún imperaba en México el régimen del partido de Estado. La Reforma satisfizo las exigencias de los partidos de Oposición incluido el PRD, que sólo así superaron la desconfianza histórica y dieron su consenso en el Congreso.
La clave de la certeza reside en cada casilla, que es operada por ciudadanos de cada sección designados por sorteo. Los ciudadanos votan frente a sus propios vecinos que como funcionarios de las casillas son los que cuentan los votos, ante los representantes de los partidos que cuidan de sus respectivos intereses.
El sistema excluye toda ingerencia gubernamental o burocrática que en el pasado fueron determinantes en el control de los resultados, por lo que la insana pretensión de contar voto por voto, tiene por único objeto cuestionar la participación ciudadana en el proceso, lo que implica vulnerar el valor esencial de nuestro sistema.
Las inconsistencias numéricas tampoco son culpa del IFE. La participación de los ciudadanos que como tales no son operadores profesionales, aunada a lo complejo del formato, hacen que la Ley prevea su existencia. La forma de resolver tal eventualidad la contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone la apertura de paquetes para el recuento a solicitud de una de las partes, cuando así lo amerite el caso concreto en una o varias casillas, como ocurre en el actual proceso ante el Trife.
Lo anterior es congruente con un principio general del derecho mexicano que sostiene que el error aritmético no es causa de nulidad de los actos jurídicos y sólo da lugar a la rectificación, por lo que dada la naturaleza y cantidad de las inconsistencias que han dado origen a la apertura de paquetes, resulta difícil pensar que su enmienda pueda cambiar los resultados declarados por el IFE a favor del candidato Felipe Calderón.
Por supuesto que todo lo anterior lo sabe López Obrador y sin embargo, persiste en una posición de resistencia que parece absurda, pero que corresponde a un perfil proclive a la violencia y descubre su verdadera intención, que es la de malograr la elección y llevar al país a la confrontación por medio del engaño, en aras de sus intereses políticos muy particulares.
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