Otra de los cambios que recurrentemente se mencionan como necesarios para el México actual, aparte de las ya celebres ?reformas estructurales? en materia económica que sacarían a nuestro país del rezago en que se encuentra, es la reforma del Estado. Por lo menos desde finales de la administración de Ernesto Zedillo se viene hablando insistentemente de ello y luego con Fox incluso se formó una comisión dirigida por Muñoz Ledo, para analizar y proponer los cambios.
El grado de crispación en que se ha revelando la división del país, particularmente a partir del proceso electoral, ha venido a más que reforzar esta necesidad; y bueno, el 20 de noviembre una parte de la sociedad proclamará a su ?presidente legítimo? y hará todo lo posible porque el Ejecutivo designado por el TEPJF no asuma el poder constitucional este primero de diciembre, si bien lo puede hacer jurídicamente. A ello se ha venido a sumar el caso de Oaxaca y otros brotes de ingobernabilidad.
Hay pues un gran consenso de que algo grave está pasando cuando las reglas del juego pactadas ya no sirven para realidad mexicana de hoy, pero no solamente es un problema de adecuación de reglas, ya que también hay un profundo sentimiento de que éstas no son respetadas y aplicadas de manera igualitaria, lo que ha agudizado el desencuentro social.
Igual que en otros grandes pendientes nacionales hay una amplia coincidencia en reconocerlos, pero, como siempre, las divergencias empiezan a veces desde el momento de diagnosticar el problema, y continúan con la elección de las vías para resolverlo.
Así pues, del poder legislativo han surgido varias iniciativas en torno a este tema. En agosto pasado la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, que ya salió, propuso un paquete de reformas de diez puntos: calendario electoral; regulación de tiempos electorales; reducción de tiempos electorales; facultades de fiscalización al IFE; uso del tiempo oficial del Estado en la televisión para los partidos políticos; segunda ronda electoral; formación de un gobierno de gabinete (como un primer paso para la parlamentarización); reelección de diputados y senadores; elaboración de una constitución para el Distrito Federal y mecanismos para reformar integralmente la constitución.
En la cámara de senadores actual se ha creado la Comisión de Reforma del Estado, que a diferencia de la que existía en la legislatura anterior, se aclara, no es especial y si tiene plenas facultades para dictaminar. Se supone que por ello debe ser más efectiva. Vamos a ver.
Por su parte, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República acaba de presentar una iniciativa de Ley para la reforma del Estado, en donde se plantean cambios a: régimen de Gobierno; sistema electoral; al federalismo; a la seguridad pública; a la política económica; a política social; a la educación; la procuración y administración de la justicia y la política exterior. Según está propuesta se busca obligar a los sectores a dialogar en un término no mayor a los 12 meses, con el propósito de consensuar. Cabe mencionar que se ?obliga?, pero no hay sanciones por incumplimiento.Nótese que no se menciona nada del poder legislativo, no obstante que a juicio de algunos analistas, éste necesita también transformaciones.
Particular énfasis se ha hecho en la constitución. Algunos afirman que se requiere un replanteamiento completo del documento básico del Estado; para otros es suficiente con que se reformen solamente algunos aspectos del mismo.
Para un reconocido constitucionalista como Jorge Carpizo la constitución solamente requiere algunos cambios para reforzar el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes y para introducir mecanismos de Gobierno semidirecto: el referendo y la iniciativa popular.
En efecto, mucho se ha dicho que el sistema presidencial requiere ajustes profundos ya que es necesario racionalizar el ejercicio del poder para que dicho sistema, que se había configurado en el contexto de un partido hegemónico, responda ahora a una situación de pluralismo político. Al respecto, se ha mencionado como muy útil la figura de gabinete y de un secretario que lo coordine, bajo la conducción del presidente y con responsabilidad ante el Congreso. Las propuestas parecen coincidir en este punto.
Un aspecto que hay que destacar es lo de la democracia semidirecta ya que en la actual crisis de representatividad de los partidos políticos son necesarios mecanismos que devuelvan a este sistema de gobierno su esencia y a través de ello ampliar los puntos de encuentro entre Estado y sociedad para regenerar la República. Quizá aquí se encuentra la clave de que la reforma del Estado no avance, ya que ello implicaría, entre otras cosas, abrir el monopolio del poder que ostenta la clase política. Hay tareas.
