El Siglo de Durango
Reprocha Raúl Medina Samaniego, líder del Sindicato de Transportistas Alianza, el hecho de que el Gobierno del Estado no haya cumplido la parte que le corresponde respecto de buscar los financiamientos blandos necesarios para que se renueven las unidades vehiculares.
En lo que corresponde al aumento de tarifas, puntualiza que prácticamente trabajan con pérdidas ante el aumento constante de la gasolina y el costo de los insumos, de allí que su propuesta es que se haga un estudio socioeconómico y técnico serio para determinar el costo de sus servicios.
?El Gobierno no ha cumplido con una obligación que la propia ley establece, de crear fideicomisos acordes a las necesidades de los transportistas o sumarse para que, juntos, encontremos créditos viables y con intereses blandos que nos permitan a todos tener vehículos nuevos?, especifica.
Ante el poco interés mostrado por la autoridad, en su caso han optado por crear cajas de ahorro internas y en 2005 adquirieron 15 unidades nuevas.
?Con eso hemos evitado pagar intereses, porque un autobús rebasa los 700 mil pesos en su costo, que con los intereses viene saliendo en un millón y medio de pesos?, explica.
Pero pese a la cooperación que existe en el gremio, pagar 15 mil pesos de mensualidad es un sacrificio; no obstante, han cumplido en prestar un servicio con vehículos en buenas condiciones, según afirma.
?El Gobierno no se ha preocupado porque exista esa costeabilidad de la que habla la ley porque, en ese sentido, se cuida el patrimonio de los transportistas, cosa que se ha ido deteriorando porque se da un manejo político a las tarifas en lugar de un manejo técnico?, arremete.
?Nosotros somos igual que todos los sectores de la sociedad. Tenemos más compromisos porque nosotros trabajamos aún con esas pérdidas que estamos sufriendo porque los aumentos a la gasolina y el diesel no se paran, son cada mes. De tal suerte que el desfasamiento económico que sufre cada uno de los transportistas es importante a través del año?, dice.
?Debería existir un estudio socioeconómico y técnico que respalde un ajuste a las tarifas del transporte urbano?, demanda el líder choferil.
Pero dicho estudio no se debe politizar y el resultado del mismo debe ser acatado por todos los sectores que están involucrados en el servicio del transporte público. Indica que en este tema se ha generado mucha política, ya que ?todos opinan?, incluso, algunos funcionarios que no se suben a un autobús urbano o requieren de un taxi.
Glosa que en el caso de los transportistas, diariamente llenan el tanque de gasolina de sus unidades, combustible que, a su vez, sufre un aumento en su costo de manera periódica. A esto se unen los gastos en las refacciones, los insumos.
Reglas claras
En Durango, el transporte público tiene una normatividad establecida.
ARTÍCULO 54- El servicio público de transporte de pasajeros únicamente podrá prestarse en autobuses y vehículos que cumplan con las especificaciones y modelos de fabricación que se determinen en el reglamento para los diversos servicios, respetando los siguientes máximos:
-Urbano: diez años.
-Suburbano: quince años.
-Foráneo: quince años.
-Especializado: quince años.
-De alquiler: cinco años.
-Se constituirá el Comité para la Modernización del Transporte, con el propósito de gestionar ante Instituciones u Organismos Públicos o Privados, los apoyos para los programas de modernización del parque vehicular destinado al servicio público de transporte. Este Comité se integrará y funcionará conforme lo disponga el reglamento de la presente ley.
FUENTE: Ley de Transportes del Estado de Durango.
