El Siglo de Durango
El Centro Empresarial Durango (Coparmex) reprobó la presunta extorsión denunciada al interior del Tribunal para Menores, por lo que exigió que se actué sin alguna protección a un funcionario o autoridad que pudiera violar la ley al caer en actos de corrupción.
Francisco Quiñones Gallegos, presidente del organismo empresarial, solicitó a las autoridades gubernamentales que se aplique toda la ley y no se proteja a nadie para que la justicia sea pareja con todos.
?La corrupción es algo que a la fecha se debe atender, pues ojalá que todas las instituciones estén libres de caer en esa cuestión de corrupción, es un deseo de la ciudadanía?, expresó el empresario duranguense.
De acuerdo con la denuncia publicada en este matutino, el secretario de Acuerdos del Tribunal, Francisco González Fernández, pidió en reiteradas ocasiones 30 mil pesos a un infractor para otorgarle la libertad.
Inclusive, el servidor público amenazó al interno de que si no le daba la cantidad que exigía, le imputaría más delitos en su expediente para dictarle una pena mayor y que no alcanzara adecuación alguna a su condena inicial.
Al respecto, Quiñones Gallegos declaró que la autoridad debe ser congruente, ?el juez por su propia casa empieza?, para respetar y hacer cumplir la ley, dentro del presunto caso de extorsión al interior del Tribunal para Menores.
?Si las autoridades no son congruentes con el ejemplo de respetar la ley, no tienen nada qué hacer ahí?, enfatizó.
Por ello, el Presidente empresarial de la Coparmex en Durango se pronunció por que todas las instituciones seleccionen personal que no cometa actos de corrupción, ?que brinden un ejemplo a los que están sirviendo?.
?Que las instituciones estén para poder brindar la atención debida, en este caso a jóvenes que se encuentran en espera de orientación para ser adaptados a la sociedad?, concluyó.
Antecedente
Tras difundirse presuntos actos de extorsión en el recién creado Tribunal para Menores Infractores, legisladores locales y el Gobernador del Estado fijaron su postura para el esclarecimiento del caso, sin proteccionismos a favor del servidor público.
Diputados de las fracciones PRI y PRD, tras reprobar estos actos de corrupción, exigieron la investigación y, en caso de comprobarse, el ilícito destituir al funcionario público responsable.
Por su parte, el Ejecutivo estatal, Ismael Hernández Deras, se manifestó por que todo el peso de la ley caiga contra quien resulte responsable, tras iniciar un procedimiento fuerte, sin considerar el cargo público que ostenta.
