El IFE, la Suprema Corte y el Infonavit son de los más transparentes, afirma el reporte del CIDE.
Agencias
México, DF.- Entre las entidades públicas fuera del Gobierno Federal, la Cámara de Diputados es de las que menos cumple con las obligaciones que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, según un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El reporte, elaborado a solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), sólo coloca por debajo de la Cámara al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y a la Universidad Autónoma de Chapingo.
En la investigación, el CIDE otorgó a las entidades evaluadas calificaciones que van de 0.32 a 0.83. El Instituto Federal Electoral, el Infonavit, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal se encuentran en el rango de organismos con mayor aplicación de la Ley.
En el apartado de entidades con menor índice de transparencia, aparecen la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Tribunal Superior Agrario, ligeramente mejor ubicados que la Cámara de Diputados.
El estudio se basó en los siguientes indicadores: publicación de las obligaciones de transparencia en Internet, calidad normativa, atención a usuarios en las solicitudes de acceso a la información y calidad institucional.
Además, verificó la observación de 136 variables que se complementaron con un cuestionario y una entrevista a profundidad por cada órgano. En sus conclusiones, el reporte recomendó revisar el marco normativo que rige a las entidades fuera del Gobierno Federal.
Resalta que la eficiencia de la unidad de enlace depende del tamaño de la organización y de la cantidad de recursos con que cuenta; además, que se carece de personal especializado en las labores de transparencia.
Recomienda contar con eficientes mecanismos de coordinación y de gestión, más que con fortaleza o autonomía de la unidad de enlace.
Pide revisar la calidad de los portales de Internet, en los que plantea involucrar a las áreas de planeación.
En la Cámara de Diputados, los ocho coordinadores parlamentarios acordaron, en privado, establecer mecanismos de control para transparentar el gasto general en San Lázaro, pero protegerán las partidas operativas que ellos manejan y administran.
De acuerdo con fuentes legislativas, los ocho coordinadores enfrentarán la supuesta ?campaña de desprestigio en contra del trabajo de los legisladores?, con una estrategia en la que se comprometen a la transparencia.
Según las versiones consultadas, cada fracción dará a conocer su propuesta para hacer pública la información, y mejorar su imagen ante la sociedad. ?Pero no todo?, reconocieron.
El líder de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, negó que se haya pedido evitar filtraciones a la prensa y, por el contrario, aseguró que el trabajo de los medios de comunicación sirve para reforzar los mecanismos de control interno.
Mediante una solicitud de información, se conoció que la Cámara erogará ocho millones de pesos al año para otorgar a cada uno de los 500 legisladores una tarjeta IAVE, que sirve para evitar el cobro de cuotas en carreteras y además permite el paso inmediato.
Los accesos IAVE se suman a las partidas presupuestales que les dan a los diputados que viven a más de 300 kilómetros y para los que viven a menor distancia.
Las tarjetas no tienen restricciones ni están personalizadas, por lo que pueden ser usadas por cualquier persona, desde personal del legislador hasta familiares o amigos.
A los 51 diputados del Distrito Federal la Cámara les otorga entre tres mil y seis mil pesos mensuales. La cantidad menor es para quienes viven en delegaciones como la Venustiano Carranza, donde están las instalaciones del recinto.
