A inicios del mes, El Siglo de Torreón publicó dos noticias contrastantes, muy probablemente pasaron desapercibidas para algunos y otros, seguramente, no alcanzamos a relacionarlas entre sí, a pesar que aparecieron casi juntas.
La primera, daba cuenta de una madre de familia de la ciudad de Gómez Palacio; ella descubrió a su hijo dedicado al robo de casas-habitación, lo delató a la Policía y aún más, ayudó a los gendarmes a encontrar parte de lo robado, que el joven había ocultado bajo vehículos automotores.
La segunda, denuncia el “secretismo” de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, que no dio a conocer a la opinión pública el robo con violencia y la ilegal detención –secuestro– de la hermana del ex presidente municipal de Mapimí, Durango. El delegado David Cázares Juárez declaró: “la información siempre estuvo disponible pero nunca fui cuestionado al respecto”. ¿Qué diferente actitud verdad?
Ambas noticias aparecieron como la “cereza del pastel de la violencia”, acompañando la nota roja principal, que informaba sobre la detención de Óscar Arriola Montes, transportado al Distrito Federal, acusado de ser alto jefe de una poderosa banda de delincuentes y a quien solicitan en los Estados Unidos de Norteamérica para procesarlo por narcotráfico.
Un principio político y social de la comunidad sana dice: “tanto Gobierno como sea necesario y tanta sociedad civil como sea posible”. En el mensaje va implícito el involucramiento de todos nosotros en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, responsabilizándonos de “la parte que nos toca”.
El lema también se refiere a la alta conveniencia de moderar la casi única participación del Estado en la toma de decisión y atención a la problemática de la comunidad, haciéndonos partícipes y promoviendo opinión en los foros respectivos, luego exigiendo sea tomada en cuenta por medio de las formas legales. De paso, insistir en que la autoridad son las personas que hemos elegido para ocupar el cargo público, o las nombradas por quienes son depositarios de nuestra confianza; dicho de otra manera: nuestros trabajadores, vigilantes de los intereses comunales; ellos deben rendirnos cuentas claras y transparentes. ¡Pero no es así! y seguirá el problema mientras no tomemos nuestro papel como ciudadanos comprometidos.
Por otra parte, debemos analizar la actitud adoptada por la mayoría, ante la responsabilidad común de buscar mejores formas de vida para todos; sin duda, en general, el cumplimiento de nuestros compromisos hacia la sociedad no son los más adecuados.
Ahora me atrevo a recordarle otro lema tomado de la conseja popular: “cada pueblo tiene el Gobierno que se merece”; descrito de otra manera, como si fuera necesario, se refiere a la negligencia en el cumplimiento de nuestras responsabilidades democráticas; hemos permitido que los conceptos se confundan. Le invito a hacernos una pregunta: ¿cuánta corrupción habremos generado por esa causa?, porque también dice la conseja popular: “¿a quién le dan pan que llore?”, y muchos administradores públicos se sienten con “las manos libres” para cometer abuso de poder y de confianza.
En la televisión aparece un promocional para animar al pueblo a que vote: muestra a un campesino joven, acompañado de una mujer mayor, en el cruce de caminos en medio de la nada; el muchacho comenta que caminará hasta el pueblo próximo para votar y la mujer le dice: –¿para qué?, las cosas de todas formas no van a cambiar. El final es motivador, ambos emprenden la marcha rumbo a las urnas.
Claro que los publicistas manejan los conceptos llevándolos al extremo conformado por los más pobres del medio rural; tal vez sería mejor utilizar imágenes de otros niveles, quizá a la casi extinguida clase media, quienes sin duda tenemos actitudes similares.
Los teóricos de la sociología económica dicen que el mayor bienestar, estado de paz y tranquilidad, se observa en los pueblos con alto porcentaje poblacional ubicado en la clase media, con pocos ricos y pobres. También definen a los países activos políticamente, como aquellos que tienen gran cantidad de organizaciones sociales intermedias, exigentes de un buen Gobierno y, desde luego, abren a la discusión, analizan y utilizan la información para tomar decisiones.
Le invito a reflexionar en que nivel de los anteriormente descritos nos encontramos los mexicanos en general, aunque justo es mencionar que los laguneros sobresalimos por la alta participación en Organizaciones No Gubernamentales.
Las autoridades municipales de las ciudades conurbanas de La Laguna, declaran estar avanzando en la prevención del delito y algunos hasta prometen la mejor Policía del Norte de México -que igual podría significar de todo el país- mientras la impresión social es, evidentemente, que hay incremento en los índices de delincuencia. Irónico, ¿verdad?
Cierto que la delincuencia se incrementa por la falta de oportunidades; verdad que hemos sufrido por los efectos de la pérdida de empleos en La Comarca Lagunera y se refleja en el índice delictivo; es real el desplazamiento del narcotráfico y todos sus integrantes, con sus acciones parasociales incluidas –desde robo, secuestro y violencia– por la influencia del programa México Seguro instalado en estados federales vecinos; pero también un hecho que nuestros sistemas de prevención y protección social, especialmente en seguridad pública, son ineficientes; lo más grave: los cuerpos policiacos van incrementando su incapacidad para cumplir con sus funciones.
Qué bueno que la autoridad estatal y municipal declaren intenciones de aplicar recursos económicos extraordinarios al problema; mejor aún, sus propósitos de unir esfuerzos reconociendo nuestra realidad social. La problemática regional no sabe de fronteras geográficas.
También es necesario trabajar, cada quien desde su ámbito, educar y promover el cambio de actitud hacia la responsabilidad comunal: de la policía y administradores públicos, quienes deben hacer lo que les corresponde como función: vigilar y garantizarnos seguridad social; nosotros, participar en la solución del problema enterándonos, opinando, en su caso denunciando a los delincuentes, participando en la búsqueda de soluciones, con verdadero compromiso solidario.
Ojalá no tengamos que llegar al punto de tomar medidas tan extremas como la madre que denunció a su propio hijo, pero dado el caso, sepamos atender nuestra responsabilidad de seres que vivimos en sociedad, en comunidad, “como uno”. ¿Aceptamos hacer nuestra parte?
ydarwich@ual.mx.
