EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- La defensa trastabilló. Felipe y Javier Medina Cervantes solicitaron por escrito la duplicidad del término constitucional para resolver su situación legal en 144 horas. La petición fue denegada por estar fuera de tiempo.
Hasta el mediodía del viernes 23, tampoco se habían desahogado pruebas por parte de la defensa como testimonios de diferentes actores y careos que previamente fueron anunciados, para contrarrestar las acusaciones por mal manejo de recursos económicos en la hacienda pública de 2003.
Auto de formal prisión o auto de libertad pueden recibir la mañana de este sábado 24 de junio, Felipe Medina, ex alcalde de Matamoros y su hermano Javier Medina, ex tesorero del citado municipio, quienes enfrentan cargos por el delito de peculado.
La titular del Juzgado Tercero del ramo penal, María Luisa Valencia García, informó sobre la negativa en la petición para duplicar el término constitucional, aclarando que tal derecho se hace valer durante la declaración preparatoria del inculpado o tres horas después.
Técnicamente a las 8:45 horas del 24 de junio se vence el término de 72 horas para resolver la liberación o el internamiento en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de los hermanos que fueron detenidos durante un operativo de la Policía Ministerial el pasado miércoles 21 del presente.
Como se dio a conocer en su momento, al rendir su declaración preparatoria Felipe Medina se reservó el derecho para enunciar y no solicitó en su momento la duplicidad del término, así como su hermano Javier.
Los dos ex funcionarios están implicados en una denuncia interpuesta por el Congreso del Estado por peculado, delito que se considera grave y tiene una penalidad de dos a ocho años de prisión; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro.
Será hasta le próximo martes 27 de junio cuando se resolverá la situación legal de Alfonso Figueroa Bautista, ex tesorero de Matamoros, único de los detenidos que sí rindió su declaración preparatoria y argumentó que los cheques sin comprobantes siempre los firmó bajo amenazas.
La misma notificación recibirá la próxima semana Jesús Alberto Rodríguez Chavarría, ex director de Egresos que luego de ser pieza clave de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el caso, también está internado en el Cereso local.
Niega síndico acusaciones
El síndico Rafael Rosales Díaz, negó rotundamente las acusaciones del ex tesorero de Matamoros, Alfonso Figueroa Bautista y pide a las autoridades un careo con él. El presidente municipal, Raúl Onofre Contreras, dijo que no protegerá a funcionarios del periodo del ex alcalde Felipe Medina que ocupan puestos en la Administración que preside si resultan responsables.
En su declaración preparatoria ante el juzgado tercero penal, Figueroa Bautista menciona a Rosales Díaz como quien le pedía emitir la firma sin requerir facturas asegurando que de eso se encargaría la dirección de Egresos además de lanzar una amenaza sugiriéndole que cuidara a sus hijos.
Rafael Rosales Díaz fungió en el tiempo de Felipe Medina -hoy interno en el Cereso- como director de Seguridad Pública Municipal para luego ser tesorero en la misma Administración. Rosales Díaz es actualmente síndico comisionado en Hacienda y Seguridad Pública.
Para Rosales Díaz, esta situación es muy desagradable sobre todo porque lo consideraba compañero y que se enteró de su acusación el mismo día que lo declaró, ratificando que la relación que llevaba con el ex tesorero era de amistad pero que en varias ocasiones tanto él como otros regidores le hicieron ver que no estaba cumpliendo en cuanto a requisitos con la Contaduría Mayor de Hacienda.
Por su parte, el alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras, comentó que esperarán tanto el dictamen final como el que la ciudadanía quede conforme y aunque reconoció que como ciudadano le parecía lamentable, aseguró que no se ha visto afectada la imagen de la Presidencia Municipal a pesar de que hay varios funcionarios que trabajaron con Medina Cervantes.
Sanciones
En el capítulo segundo, de delitos de servidores públicos contra la economía de la administración pública, sección primera, se contempla el delito de peculado.
Artículo 195.- Se aplicará prisión de dos a ocho años; multa de la mitad a tres tantos del beneficio que obtuvo; destitución de empleo o cargo; e inhabilitación definitiva para desempeñar otro:
Al servidor público que para beneficio propio o ajeno disponga de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a alguna entidad pública; si por razón de su cargo los recibió en administración, depósito u otra causa.
FUENTE: Código Penal de Coahuila
