La manera ágil en que avanza en el Congreso de la Unión, la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, constituye un buen indicio respecto a la gobernabilidad y la buena marcha de los asuntos públicos en nuestro país.
El primer signo positivo, lo ofreció el titular del Poder Ejecutivo al presentar su iniciativa desde el día cuatro de diciembre, con la debida oportunidad y con el formato y contenido adecuados para propiciar un fácil acceso y un pronto entendimiento entre los distintos protagonistas en el Poder Legislativo.
Lo anterior fue factible, porque la formulación del presupuesto lejos de suponer el descubrimiento del hilo negro, implica una gran cantidad de rubros predeterminados por la experiencia previa de muchos años y que son inamovibles por corresponder a la satisfacción de necesidades básicas. El espacio de maniobra y por ende de discusión es francamente reducido, lo que revela que la dificultad de acuerdo en años recientes, deriva de posiciones irreductibles dictadas más que nada por fines de lucha por el poder en el corto plazo.
Nada es miel sobre hojuelas para el Gobierno de Felipe Calderón. El aumento de treinta mil millones de pesos respecto al presupuesto del año que termina, resulta magro frente a un total que supera los dos billones de pesos.
La solución de largo plazo para nuestro país en materia fiscal, depende de un aumento substancial en la recaudación en proporción al Producto Interno Bruto, y eso será posible mediante una reforma que a partir del próximo quince de febrero, se enfrentará a la inercia que mantiene el Impuesto Sobre la Renta en los altos niveles actuales y al paradigma negativo e impráctico que genera le exención del Impuesto al Valor Agregado, en medicinas y alimentos.
Ante el fracaso de sus esfuerzos por evitar que el presidente Felipe Calderón tomara posesión, los perredistas han optado por una actitud cooperadora, que de alguna manera redujo el peso específico de la fracción priista en el Congreso, llamada hasta la víspera a ser la bisagra de la gobernabilidad, precisamente en virtud del radicalismo del partido del Sol Azteca.
Después de los escándalos del primero de septiembre y primero de diciembre pasados y el costo político implícito PRD, habría sido suicida mantener las hostilidades por parte de los representantes de ese partido en el Congreso, frente al Poder Ejecutivo. No es pertinente, sin embargo, lanzar campanas al vuelo. Siendo la estrategia de la revolución leninista la que ha marcado la pauta en el campo perredista, lo más probable es que estemos frente al paso hacia atrás, imprescindible para dar otros dos hacia delante en el camino del radicalismo revolucionario.
En todo caso la momentánea moderación constituye un triunfo de la política, porque se advierte que la percepción del público y las reacciones consecuentes, comienzan a obligar a la clase política a ajustar su proceder al mandato de la sociedad.
El cierre del actual perIodo de sesiones en un escenario de tranquilidad, muy alejado de los acontecimientos con los que dio inicio la actual Legislatura, ofrece al nuevo presidente de la República un espacio para el asentamiento de su equipo y la proyección de una estrategia al interior del Congreso, que mejore y haga más productiva la relación entre ambos poderes.
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