El tema de las remuneraciones de los funcionarios públicos ha cobrado relevancia reciente por la discrepancia de opiniones que al respecto han expresado Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de la República, y el empresario Carlos Slim.
López ha insistido desde hace tiempo que si llega a la presidencia de la República reducirá a la mitad los sueldos de los principales puestos públicos, incluyendo el del presidente. Carlos Slim, por su parte, manifestó durante una presentación del llamado Acuerdo de Chapultepec el martes de la semana pasada en Monterrey su preocupación por esta posibilidad.
Él dijo que "preocupa cuando se oye a los funcionarios públicos diciendo que se van a bajar los salarios a la mitad. Preocupa que pudiera haber malos sueldos para los trabajadores del Estado, porque puede provocar consecuencias completamente indeseables".
López defendió su posición sobre el tema diciendo que "siempre se ha comentado que hay que pagar muy bien para que no haya corrupción, pero la verdad que el que es mañoso y ratero aunque gane lo que gane seguirá actuando de manera deshonesta?. Dijo, además, que ?...tampoco es cierto que en la iniciativa privada se paguen altos sueldos, eso es un mito", para enfatizar que no es necesario empatar los ingresos en el Gobierno con los que se pagan en las empresas particulares.
El candidato del PRD dice que luchará frontalmente contra la corrupción, pero por este tipo de comentarios y propuestas no parece tener idea de cómo hacerlo. Para alguien que tanta referencia hace de la historia, en este tema es particularmente ignorante.
Vale la pena citar en este contexto a Roger Hansen quien escribió en 1971 en su libro "La Política del Desarrollo Mexicano" que "?Si la corrupción se define como el comportamiento de los funcionarios públicos que se aparta de las normas sociales ampliamente aceptadas, para servir a sus fines particulares, entonces ese término quizá no debiera ni usarse en el estudio de la vida política mexicana. El servirse de los puestos públicos para el beneficio privado está tan ampliamente extendido en México ?y lo ha estado durante siglos ? que el término ?corrupción? puede considerarse como una ?norma? del comportamiento político más que como una de sus desviaciones".
La propuesta de López Obrador de reducir los sueldos de sus colaboradores, además de que no ayuda para corregir este problema, muestra que vive en un mundo imaginario donde todo va a ser como él lo presenta. Veamos, por ejemplo, su compromiso 38, donde menciona que ?gobernarán los mejores hombres y mujeres de la Patria; que vean al servicio público como un sacrificio? como una abnegación por servir al pueblo??
Su rechazo a la importancia de los sueldos para atraer personas calificadas y estimular la honestidad en el desempeño de las funciones públicas, es una clara invitación a la corrupción y a la participación de personas poco capaces para las funciones que se tienen que desempeñar. Esto fue evidente en los casos de corrupción de varios de sus más cercanos colaboradores en el gobierno del Distrito Federal y volverá a serlo si llega a la presidencia de la República.
Las exhortaciones moralistas y mesiánicas de López, quien piensa que en su administración como Presidente estaría rodeado de puros ?ángeles? filantrópicos, sólo contribuirán a exacerbar el problema de la corrupción. La ciencia económica nos enseña que el camino para reducirla debe centrarse en crear un entorno institucional que mejore las remuneraciones de los burócratas y reduzca la discreción con la que pueden actuar, así como establecer un conjunto de sanciones lo suficientemente severas como para lograr que aún los oportunistas renuncien a las prácticas corruptas.
Un equipo de colaboradores mal remunerado, con sueldos menores a puestos equivalentes en el sector privado, estará compuesto en su mayoría por personas con poca capacidad, o peor aún, que buscan enriquecerse en un puesto público.
La posición de López va, además, en contra de lo que enseñan la ciencia y la experiencia. Años de estudio sobre el problema de la corrupción han llevado a la conclusión de que un importante mecanismo para prevenirla es contar con una atractiva estructura de sueldos para los servidores públicos, lo que además de atraer personas calificadas, eleva el monto de los incentivos monetarios y no monetarios que perderían los empleados públicos si reciben "mordidas".
En la China imperial bajo la dinastía de CH?ing los magistrados de distrito recibían un pago adicional denominado yang-lien yin, "dinero para alimentar la honestidad". Hong Kong y Singapur aplican con gran éxito una política de incentivos salariales para los funcionarios públicos. En el caso de la recaudación tributaria, algunos países ofrecen un porcentaje de lo que se recaude en exceso de cierta meta preestablecida.
En consecuencia, una campaña para reducir el problema de la corrupción en nuestro país no debe limitarse a discursos moralistas de candidatos presidenciales, ya que ello sólo incrementará el cinismo con el que se presente la siguiente ronda de corrupción. Cuando la vigilancia de los burócratas es difícil, como es evidente en nuestro país, el gobierno necesita reducir su intervención en la economía, aumentar las sanciones por actos corruptos y pagar mayores salarios a los empleados públicos.
Desafortunadamente, las propuestas del señor López apuntan en sentido contrario. Sus 50 compromisos contemplan una injerencia mucho mayor del gobierno en la economía, lo que se traducirá en una proliferación de formas, oficios, regulaciones y asignación burocrática de los recursos, que aunada a su terquedad de pagar menores sueldos a los funcionarios públicos que estarán encargados de ponerlos en práctica será un terreno propicio para la corrupción.
