Al todavía secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar se le llena la boca cada vez que habla de la legalidad, a propósito del conflicto que él mismo generó en el sindicato minero al reconocer, a partir de un papel cuyas firmas fueron falsificadas -al menos uno de los presuntos suscriptores lo ha declarado así- a un miembro expulsado de esa agrupación como secretario general del mismo, en sustitución de Napoleón Gómez Urrutia.
La frivolidad con que la Secretaría tomó nota de esa presunta decisión de un órgano interno fue el punto de partida para el embate contra la autonomía sindical, motivo último por el cual miembros de varias secciones iniciaron suspensiones de labores en diversas empresas. Ciertamente se trata de acciones sin sustento en la legalidad laboral, de carácter político pues con ellas los sindicalistas tratan de oponerse a la acción concertada de la autoridad y de patrones que aprovechan la maniobra de Salazar -a cuya gestación no han sido ajenos- para desconocer por su parte a dirigentes seccionales que no han sido removidos ni desacatados por sus compañeros, en busca de una relación a modo. Ese es el caso del Grupo Villacero, que alienta a una disidencia con la que podría entenderse sin tener que negociar incrementos salariales del ocho por ciento, como el obtenido el año pasado.
Con la misma vocación por la ilegalidad, que sin embargo reprocha a sus adversarios (pues en eso ha convertido Salazar a los sindicalistas mineros que no se sujetan a sus designios torpemente practicados), el secretario del Trabajo organizó el ataque de la fuerza pública, en que involucró a las autoridades michoacanas, contra los paristas de empresas siderúrgicas en Lázaro Cárdenas. Una decisión de suyo relevante, que abultó su gravedad por las muertes y heridas resultantes de la operación policiaca, fue emitida de manera nebulosa, en un acto sin fundamento ni motivación, que son los ingredientes de la legalidad administrativa.
La Secretaría se las arregló para hacer creer, el 19 de abril, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había declarado ilegales los paros en las empresas donde se desarrolla el desafío político de los obreros contra la intromisión de Salazar. No fue así. En preparación de su ataque, la Secretaría del trabajo pidió a las empresas afectadas que a su vez solicitaran a la Junta informes que derivaron de “expedientes paraprocesales” (es decir, ni siquiera exactamente procesales). El 18 y el 19 de abril la Junta transmitió a la STPS el resultado de búsquedas solicitadas, en los siguientes términos:
“En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día dieciocho de abril de dos mil seis, el licenciado José Luis Licea Saldaña, secretario de Acuerdos adscrito a la Secretaría Auxiliar de emplazamientos a huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, certifica: que hecha una búsqueda en el Sistema de información y seguimiento de emplazamientos a huelga así como en el libro de gobierno de la secretaría auxiliar de emplazamientos a huelga, durante el periodo comprendido del 01 de enero a las 15 horas de 18 de abril del año 2006, no aparece registro alguno de emplazamiento a huelga presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana en contra de la empresa Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. de C.V., lo que se hace constar para los efectos legales conducentes...”.
Idénticas certificaciones se expidieron respecto de la empresa Asesoría técnica industrial del Balsas, S.A. de C.V. y Administración de servicios siderúrgicos. Solicitados informes semejantes relativos a la mina de cobre La Caridad, y la planta de cal de Mexicana de Cobre, en Sonora, ambas pertenecientes al Grupo México, la búsqueda dio cuenta de que sí había emplazamientos con prórroga hasta el 21 de abril, pero, dijo la Secretaría del Trabajo en su boletín 071 “esa prórroga no fue respetada. La caridad entró en paro casi un mes antes, el 24 de marzo, mientras que en la planta de cal la inactividad se inició el siete de abril”.
De esas certificaciones expedidas por la Junta “se infiere”, afirmó el mismo boletín que así tomó fuerza de laudo, que “en ninguna de las cinco empresas afectadas hay huelga”. De la inferencia a la sentencia no había más que un paso y la secretaría al mando de Salazar lo dio: “Se trata, por tanto, de paros locos, sin sustento legal alguno”. Y finalmente el comunicado pontificó:
“La Secretaría del Trabajo reprueba las acciones de quienes, aun argumentando razones, afectan ilegalmente las fuentes de trabajo y despojan arbitrariamente de sus legítimas pertenencias a terceros. Ninguna persona tiene derecho a actuar fuera de la Ley, al amparo de una representación sindical, sea esta representación legítima o ilegítima”.
Expresiones inobjetables, ésas, podrían ser aplicadas, modificando lo que haya que cambiar, a la propia Secretaría. Su actuación ilegal es fuente de un conflicto que ya cobró su tributo de sangre y que, lejos por ello de ser resuelto, ha entrado en una vía que si no prospera el diálogo que debe alentar la Secretaría de Gobernación, será todavía ocasión de nueva violencia, aun si autoridades locales reflexionan como lo ha hecho el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, que tras admitir renuncias de responsables y ordenar investigaciones transparentes reconoce su error y anuncia que no lo repetirá, que no caería de nuevo en el garlito.
