El Siglo de Durango
Aunque la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) participa en las reuniones que se han entablado con los indígenas tepehuanos que reclaman el ejido Luis Echeverría en el municipio de Mezquital, Noel Pérez Saláis, representante de la dependencia en la entidad, aclara que no hay más tierra que repartir y que el caso de la invasión es asunto que debe resolver la autoridad estatal, ya que se trata de un delito.
El funcionario federal esclarece que el viernes próximo habrá una reunión para poder hacer un estudio a los títulos virreinales que aseguran tener los tepehuanos. Sin embargo, aclara que al momento de confrontar los planos de Santa María de Ocotán con el ejido Luis Echeverría, son colindantes y no están sobrepuestos.
?No conocemos esos títulos virreinales, no los tenemos en los archivos del Registro Agrario. Que nos los lleven y en base a eso, nosotros podemos hacer un estudio; sin embargo, la postura es muy clara. Como Reforma Agraria no les podemos dar más tierra?, esclarece.
?Independientemente del estudio, de los resultados ellos tendrán que acudir al Tribunal Unitario Agrario, quien es la instancia correspondiente. Ya la Secretaría de la Reforma Agraria en cuestión de reparto ya no podemos hacer absolutamente nada porque ellos firmaron un convenio finiquito en 1997?, narra.
El entrevistado remarca que las invasiones están tipificadas como un delito; por lo tanto, los ejidatarios deben poner su denuncia correspondiente para que se actúe en consecuencia. ?El Gobierno del Estado debe tomar cartas en el asunto, tal como se ha manifestado?, indica.
?No somos autoridad jurisdiccional ni ministerial para poder sacarlos de allí, como invasión. Si fuera con cierto sesgo de que pudieran tener razón, pues bueno, allí sería una intervención más directa. Pero como lo estamos viendo que es un asunto concluido, es un convenio finiquito?, repite.
?Queda muy claro que una invasión no es competencia de nosotros, no somos policías ni ministeriales, allí es un delito y la ley lo marca muy claramente?, enfatiza.
Pérez Saláis recuenta que el convenio finiquito fue firmado por el entonces Gobernador del Estado y el Secretario de la Reforma Agraria, documento en el que los indígenas estaban satisfechos con su reparto agrario. ?Únicamente con lo de Bernalejo, ellos se daban por satisfechos así como otros predios que ya tienen en posesión?, manifiesta.
Santiago Calleros Solís, comisariado de Bienes Ejidales y Comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, declaró en el marco de la inauguración de la subestación eléctrica ubicada en Charcos, municipio de Mezquital, que no se retirarán del ejido en cuestión ya que les pertenece. Aclaró, además, que no les interesa la confrontación pero que esos terrenos son suyos y, por lo tanto, no van a renunciar a ellos.
