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SAN JUAN, puerto rico.- El Gobierno puertorriqueño amaneció ayer con 43 dependencias cerradas por segundo día consecutivo, luego que la Asamblea Legislativa no aprobara el lunes por la noche medida alguna para atender la crisis que provocó la cesantía de más de 90 mil empleados públicos hasta el 30 de junio.
Decenas de empleados públicos cesados de sus cargos comenzaron a llenar ayer las solicitudes de ayuda económica para hacerle frente al cierre de más de 40 dependencias del Gobierno puertorriqueño a causa de una crisis fiscal.
Esta sencilla tarea se complicó justamente por la falta de empleados públicos para realizarla. En Ponce, al sur del país, las oficinas del departamento de la familia amanecieron abarrotadas.
En esa oficina se llenaban los documentos para solicitar el Programa de Asistencia Nutricional. “En mucho o en poco, a todos nos afecta. La incertidumbre es muy grande... Afortunadamente mi esposo no es empleado público, pero la mayor fuente de ingreso es la mía”, manifestó preocupada la maestra Magaly Rosario, de 21 años y madre de dos hijos.
Al cabo de una abortada reunión a última hora de la tarde de ayer con el presidente de la Cámara, José Aponte, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, volvió a rechazar la propuesta del ese cuerpo legislativo indicando que “no resolverá el problema porque tomaría hoy, el dinero de mañana”. Se refería a la propuesta de imponer un impuesto de un cinco por ciento a las corporaciones cuyas ganancias sobrepasen los diez millones de dólares.
Con el fin de buscar una solución a la insuficiencia presupuestaria que sobrepasa los 900 millones de dólares, el presidente del Senado, Kenneth McClintock, extendió una invitación a su colega en la Cámara de Representantes, José Aponte, para reunirse ayer.
Sin embargo, lejos de lograrse algún acuerdo, la reunión terminó abruptamente cuando el gobernador la abandonó luego de lo cual dijo que Aponte le faltó el respeto.
