Asegura Hernández Deras no conviene establecer estado de emergencia ante pronósticos de sequía.
EL SIGLO DE DURANGO
DURANGO, DGO.- Luego de que los pronósticos de la sequía en Durango no son alentadores, Ismael Alfredo Hernández Deras comenta que no es conveniente establecer un estado de emergencia. Sobre los supuestos secuestros que se han suscitado en San Dimas, dice que se tratan de ajustes de cuentas relacionados con actividades ilícitas.
Además, al preguntarle cuáles son las expectativas para que se reanude la exportación de ganado a Estados Unidos, afirmó: ?me he encomendado a Dios, le he pedido a los miembros de la Comisión Binacional que vean que dependemos económicamente, el sector agropecuario, en un 70 por ciento de la actividad ganadera. Hemos realizado todas y cada una de las acciones a fondo con un compromiso hasta de reconocer errores si se llegó a ocultar información para que ellos, los miembros de la Comisión, vean nuestra transparencia?.
Hizo referencia a que durante este año se reformará el Código Penal para sancionar las prácticas nocivas y agresivas que impactaron en el campo. ?Que estén tipificados como verdaderos delitos porque agravan y agravian a quienes viven al día de la actividad ganadera, que el 87 por ciento de los ganaderos en el estado son de una actividad pobre, gente que vive al día. Sin duda, el tema es configurar a nuestra nueva realidad nuevos delitos, pero esto ya está caminando en un grupo de análisis?.
El Gobernador explicó que declarar el estado de emergencia quita al campo -por la ?terrible normatividad?-, la posibilidad de ejercer recursos de los programas normales.
?Entra un recurso extraordinario o siguen los recursos normales y en la evaluación de ver dónde hay más dinero o más programas nos conviene seguir con los programas normales, más los apoyos extraordinarios y no la declaratoria de emergencia, en cuestión del dinero?, estableció.
Hernández Deras comentó que ante la falta de lluvias se ha llegado a algunos acuerdos con dependencias tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por ejemplo, adelantar los recursos de Procampo.
?Es una inversión muy superior a la Progan, sobre casi 270 millones de pesos, habré de checar muy bien el dato. Ya logramos que bajara cuatro meses por adelantado el Procampo?, expresó.
?En el tema del Programa de Apoyos a la Productividad Ganadera (Progan) voy a seguir insistiendo, sin duda, he buscado al señor Presidente para compartirle que por la normatividad de Sagarpa no fue posible que usáramos este dinero de Progan desde ahorita para beneficio y ataque a la sequía y la pobreza, pero el tema es seguimiento y compromiso para que entre todos los niveles de Gobierno sigamos atendiendo este tema?, indicó.
Referente a los supuestos secuestros en San Dimas, expuso que son ?cobros de facturas?. ?Preferimos estar investigando y revisando porque no son secuestros, son cuestiones entre grupos de delincuentes?.
Reveló que ?la Procuraduría General de Justicia (PGR) debe reforzar sus acciones en el diagnóstico, que se incremente el equipo humano y la infraestructura material, sin duda, que nosotros reconocemos el esfuerzo pero ante el incremento de una realidad que se vive en todo el país del narcomenudeo, de una expresión que le corresponde al fuero federal sin duda, con lo que se ha impulsado con la participación de las otras instancias de Gobierno, pero los que están especializados, los que tienen el equipo y la capacitación son ellos?.
Castigo a corruptos
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) David Avitia Torres afirmó que introducir ganado enfermo o que no cumpla con las especificaciones zoosanitarias debe ser una responsabilidad penal grave, sin derecho a fianza.
José de Jesús Muñoz Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) del Gobierno del Estado, manifestó que ya tiene listo el documento que promoverá modificaciones al Código Penal del Estado, para tipificar como delito a quien introduzca ganado al interior del estado, que no cumpla con las normas zoosanitarias correspondientes, y que con ello se tengan repercusiones graves.