Niega Oscar Aitken potestad legal del juez Baltasar Garzón, quien indaga traspasos del banco Riggs de EU a cuentas del ex dictador en Chile.
EFE
Santiago de Chile.- El ex albacea de Augusto Pinochet, Oscar Aitken, se negó a declarar por exhorto ante un requerimiento del juez español Baltasar Garzón sobre el caso Riggs, bajo el argumento de que no acepta la potestad legal del magistrado, informa hoy la prensa local.
El juez español pidió mediante un exhorto que se interrogara al ex jefe militar, a su esposa, Lucía Hiriart y a su albacea por los traspasos de dinero que hicieron desde el Banco Riggs de EU a cuentas en el Banco Chile, mientras existía un embargo internacional de su fortuna decretado por Garzón en 1998.
La petición del juez español fue aprobada por la Corte Suprema el 20 de octubre pasado.
En estricta reserva el juez Juan González, temporalmente a cargo del llamado caso Riggs, entrevistó este miércoles sin mayores resultados al que fuera un estrecho colaborador del ex dictador chileno (1973-1990).
Fuentes judiciales informaron que, tras contestar las preguntas formales que le hizo el magistrado, Aitken se negó a responder las redactadas por Garzón bajo el argumento de que no reconoce la jurisdicción del magistrado.
Trascendió que el otrora custodio de la fortuna de Pinochet no aportó ningún nuevo antecedente al juez.
Garzón, que en 1998 dictó la orden para que Pinochet fuese detenido en Londres por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, indaga al ex gobernante de facto (1973-1990) por ocultar sus bienes cuando existía el embargo y estuvo detenido en la capital inglesa durante 503 días.
Las transacciones de fondos que hizo Pinochet están acreditadas en el proceso que investiga el origen de la fortuna del general en retiro, que hasta el momento ascendería a 26 millones de dólares.
Según informaron fuentes judiciales, Pinochet será interrogado el próximo miércoles 15 por el juez González sobre la base del exhorto enviado desde España.
Pinochet, próximo a cumplir 91 años, en este caso ya fue despojado del fuero que le protege por su condición de ex gobernante y está procesado por fraude tributario y falsificación de pasaportes, mientras el pasado agosto la Corte Suprema aprobó un nuevo desafuero en su contra por el delito de malversación de fondos.
