A una semana de la votación final se prevé que las ternas de candidatos al cargo de magistrados del Tribunal Electoral sean formadas, principalmente por integrantes del Poder Judicial de la Federación.
El Universal
MÉXICO, DF.- Los rostros de los árbitros que se encargarán de resolver los conflictos electorales del país durante la próxima década comenzaron a dibujarse, a tomar forma e incluso hasta tener nombres bien definidos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de una primera ronda de selección y a una semana de la votación final se prevé que las ternas de candidatos al cargo de magistrados del Tribunal Electoral sean formadas, principalmente, por integrantes del Poder Judicial de la Federación y, en menor medida, por abogados provenientes del sector académico. Todos, sin vínculos con partidos políticos.
La presencia de integrantes de otros sectores del foro jurídico será mínima y es en este sector donde se ubica al menos un aspirante al cual se le atribuye una cercanía con el PRI que podría generar problemas si es mantenido en las ternas.
La veta del Poder Judicial
El candidato con más apoyo de este sector, por reunir a su favor en la sesión pasada el voto unánime de los 11 ministros de la SCJN, es el consejero de la Judicatura Federal, Constancio Carrasco Daza, quien fue elegido para su actual cargo por el Senado en febrero de 2004 y cuenta con una carrera judicial de más de 15 años.
En la lista le sigue el también consejero de la Judicatura, Adolfo Aragón Mendía, a quien se ve como un fuerte candidato no sólo para las ternas, sino para el cargo en sí de magistrado electoral por la trayectoria de más de 30 años que tiene como impartidor de justicia.
A ambos se les ha criticado por no ser especialistas en derecho electoral, pero a su favor se argumenta que las décadas de experiencia que tienen como impartidores de justicia los hace idóneos para un cargo en el que se necesita de juzgadores experimentados.
En el mismo rango de importancia se ubica el actual secretario general de Acuerdos del TEJF, Flavio Galván Rivera, considerado como uno de los hombres que mejor conocen el derecho electoral, tanto en la teoría como en la práctica. Su desventaja es que hace un año compitió en una terna, sin éxito, por la vacante que quedó tras la muerte del magistrado José Luis de la Peza.
Con el mismo peso colocan al magistrado de la Sala Regional del TEPJF en el Distrito Federal, y a los magistrados de tribunales colegiados con sede en Querétaro y Puebla, Pedro Penagos López, Francisco Javier Ramírez Cárdenas y Germán Tena Campero, respectivamente.
Se espera que también ingrese a las ternas el secretario general de Acuerdos de la SCJN, José Javier Aguilar Domínguez, y posiblemente, aunque con menos votos, el subsecretario de esta misma área, Javier Barreiro, pero sólo por la simpatía que les tiene la mayoría de ministros.
La academia
De la academia se ubica como el candidato más fuerte a Manuel González Oropeza, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un constitucionalista y, para algunos, historiador jurídico, del cual pocos saben que fue vocal ejecutivo del IFE en el Distrito Federal hace poco más de diez años.
Los apoyos en este sector también los concentra el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, Salvador Nava Gomar, un especialista en derecho constitucional, apoyado por varios ministros, que ha trabajado en áreas jurídicas de las Cámaras de Diputados y Senadores, que impulsó las reformas en materia de transparencia, que sido asesor del IFE y que ha brindado asesoría para diversos juicios al PAN, PRD, PRI, PVEM y Convergencia.
Enseguida se ubica en la lista al director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Jorge Náder Kuri, a quien se le conoce más como penalista, aunque fue consejero electoral ciudadano del IFE en el distrito 14 de la ciudad de México en 2000 y 2003.
A los académicos se les critica su falta de experiencia en la materia electoral. Pero a su favor tienen que un criterio de este tipo sólo permitiría incluir a integrantes del Tribunal Electoral y que tres de los actuales ministros de la Corte, incluido un penalista, fueron magistrados electorales sin ser especialistas en esta materia y se considera que su desempeño fue positivo.
Los otros sectores
La lista de los demás sectores la encabeza, con el apoyo casi total de los ministros de la Corte, la ex secretaria ejecutiva del IFE, María del Carmen Alanís, quien tiene más de 15 años de experiencia en la materia electoral tanto en el TEPJF como en el Instituto. Al IFE renunció en 2005 por diferencias sobre la forma en que estaba dirigiendo a este organismo su actual presidente, Luis Carlos Ugalde.
Uno de los aspirantes que también está como puntero es el subprocurador jurídico de la PGR, Javier Láynez Potisek, cuya participación, aunque no se le vincula con partido alguno, ha generado preguntas sobre qué tiene que hacer un funcionario de la PGR compitiendo por el cargo de magistrado electoral.
Pero pocos saben que como consejero adjunto de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en la cual permaneció diez años, fue designado para elaborar, junto a la Secretaría de Gobernación y los partidos políticos, toda la reforma electoral de 1996, la más importante de los últimos años.
Alfonso Oñate Laborde es otro de los candidatos con un amplio apoyo en la SCJN, aunque con problemas desde el punto de vista político, porque ha ocupado diversos cargos en la Administración federal y fue director de audiencias del presidente Miguel de la Madrid, eso sin contar que su hermano, Santiago, fue presidente nacional del PRI.
Aunque algunos lo ubican como parte de la Corte, porque es asesor de la misma, y fue oficial mayor de ésta hace una década y consejero de la Judicatura, la mayoría lo ve como alguien externo que se dedica a litigar asuntos en la propia SCJN.
Del gremio de abogados sólo quedó el fiscalista Cuauhtémoc Reséndiz Núñez, quien cuenta con el respaldo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una agrupación a la que pertenecen y en la que tienen vínculos varios de los propios ministros de la Corte.