Sépanlo disidentes sindicales, espurios o genuinos: la simplificación administrativa verdadera ha llegado (aunque sea con un cuarto de siglo de demora) a la Secretaría del Trabajo. Témanla dirigentes sindicales, auténticos o impostores. Bastará con que un par de osados acuda a la dirección de registro de asociaciones, con una hojita de papel en la mano, para que puedan sacudirse de líderes, cualquiera que sea su condición, nefastos o no, democráticos o autoritarios, elegidos por sus bases o impuestos por camarillas.
Con las reglas ahora en vigor, la suerte de Víctor Flores o de Carlos Romero Deschamps está echada. Pero también queda en riesgo la de Francisco Hernández Juárez o la de Roberto Vega Galina. Bastó con que hace dos semanas llegaran a aquella dependencia de la STPS dos personas que se hicieron pasar como miembros del consejo de vigilancia del sindicato minero. Adujeron que su estatuto interno prevé que si dos integrantes de ese órgano fiscalizador interno advierten un manejo irregular en el comité nacional, incluido su presidente, están facultados para deponerlo. Que así lo habían hecho con Napoleón Gómez Urrutia, a quien habían sustituido por Elías Morales.
Y pidieron al director de registro que se sirviera tomar nota del movimiento. El trámite fue tan servicial que ni siquiera se solicitó a los promoventes su identificación. Puesto que, según ha explicado su titular, Juan Cervantes Calderón, esa oficina actúa de buena fe, se les creyó lo que dijeron y el 17 de febrero se obsequió su petición.
Ese viernes Morales se convirtió en líder del Sindicato Nacional Minero y Metalúrgico de la República Mexicana.
Si acaso, esa es una verdad formal. La verdad verdadera, la de los hechos, es distinta. Para empezar, si admitiéramos la buena fe de la autoridad laboral, diríamos que se le tomó el pelo. Al menos uno de los dos firmantes no lo es, no firmó nada.
Juan Luis Zúñiga es efectivamente miembro del consejo de vigilancia del sindicato, pero no participó en la destitución de Gómez Urrutia, con quien se halla en Coahuila, atendiendo la secuela de la tragedia de Pasta de Conchos. Ya lo ha declarado públicamente y suponemos que bastaría una comunicación formal de su parte a la Secretaría para que ésta, reconociendo que fue engañada, diera marcha atrás en la toma de nota que depuso a Gómez Urrutia, cuya elección en julio de 2002 está vigente, pues su encargo concluye en 2008. Si en este caso la voluntad simplificadora de esa oficina no funciona, Zúñiga tendrá que denunciar la falsificación de su firma y acudir con una copia del acta del ministerio público, para que la dirección de registro sindical se dé por enterada.
Si la autoridad se entercara y sólo hubiera facilitado el primer trámite, pero no los subsecuentes, la Junta de Conciliación y Arbitraje podría resolver el entuerto muy sencillamente, pues no se da el supuesto en que la Secretaría basó su decisión de inventar como líder a Morales.
Pero la Secretaría del Trabajo dista de actuar de buena fe. Con base en una de las peores perversiones de la Ley laboral mexicana (la que suple con la voluntad de un burócrata la voluntad de los trabajadores) ha pretendido hacer un favor al Grupo México, el consorcio minero y ferroviario encabezado por Germán Larrea, con el que el sindicato ha mantenido una tensa relación laboral, diferente de las que en general ha entablado la organización sindical, aunque ahora su reacción amenaza con debilitar o suprimir las bases del buen entendimiento con la mayor parte de los integrantes de la Cámara minera.
Ésta se quejó ayer, con razón, de que los seguidores de Gómez Urrutia, al decretar un paro nacional indefinido pretenden involucrar a los empleadores en un conflicto al que son ajenos, con grave perjuicio para su actividad.
Como la afirmación es correcta, es seguro que el comité nacional -que sigue en funciones, pues la impugnación se personalizó en el presidente- deponga su radical medida en muy breve plazo -si no lo hizo ya en este momento.
La demostración de fuerza que con la suspensión de labores buscó realizar ha surtido sus efectos. En este momento nadie duda que el verdadero dirigente es Gómez Urrutia, no Morales. No faltarán plantas de trabajo, sobre todo las pertenecientes a la empresa de la familia Larrea, donde puedan inducirse movimientos de disidencia, u oportunismos que busquen acomodos en la nueva situación (que puede ser efímera). Pero la cohesión observada en los primeros días del conflicto permite a Gómez Urrutia realizar su defensa por vías jurídicas y aun con movilizaciones pero sin perseverar en los paros, ya que éstos pueden generar litigios nuevos y mayores, en lo que no tiene necesidad de entrar. Cuando la tensión y el dolor campeaban en San Juan de Sabinas, y el Sindicato acusaba a la empresa Industrial Minera México (filial del grupo de Larrea) de homicidio industrial, el consorcio deslizó una insinuación contraria al comité sindical para atenuar el rigor de la acusación relacionada con la tragedia.
Recordó un viejo conflicto del grupo con el sindicato, lo presentó como si concerniera a los mineros atrapados o sus compañeros sobrevivientes. Que un líder escamotee a su representados millones de dólares mueve siempre a indignación. Peor aún cuando eso ocurría en medio de la tragedia. Pero el tema atañe a trabajadores de las minas de cobre de Cananea y Nacozari, en Sonora. Sus pormenores y su relación con el actual conflicto deben ser abordados en otro momento.
