Un Tribunal federal ha demorado en resolver un relevante caso de arbitraje comercial. Al parecer está a punto de emitir la sentencia en revisión de amparo. Lo normal, lo esperable conforme a la Ley es que confirme la sentencia de primera instancia y por lo tanto un laudo emitido conforme a las reglas de la Cámara de comercio internacional, con sede en París. Si ocurriera lo contrario dañaría, sí, el interés de la empresa quejosa, pero el efecto de la sentencia iría mucho más allá de la afectación a un particular.
Pondría en jaque el sistema de justicia privada que, como en el resto del mundo, ha venido expandiéndose en el ámbito de los negocios en México. Se vulneraría la seguridad jurídica a que aspira el mecanismo de resolución de controversias establecido por los particulares al margen del sistema estatal de justicia.
Se trata del litigio que en varias facetas ha enfrentado desde hace mucho tiempo al Grupo Radio Centro y a Infored, ahora Grupo Monitor. Un diferendo comercial entre ambas partes, asociadas a partir de 1998 generó un conflicto que los dos grupos sometieron, de acuerdo con lo previamente pactado, a un arbitraje regulado por aquel organismo internacional de comercio.
Fueron nombrados los árbitros de cada parte y el tercero acordado entre ambos. El pánel desarrollo sus tareas y hace dos años exactamente, el 30 de enero de 2004 emitió su laudo, que dio la razón a Infored y por lo tanto ordenó a GRC a pagar las prestaciones en juego (que importaban unos 22 millones de dólares).
En actos que significaban la admisión de la decisión arbitral, GRC dio aviso a los mercados de valores donde sus acciones se cotizan y dio por terminada la relación que permitía a Infored transmitir sus servicios informativos a través de las frecuencias de AM y FM de Radio red, propiedad del grupo de la familia Aguirre.
En los hechos, se trató de un grosero desahucio electrónico, un lanzamiento en que sin aviso ni respeto al público fue eliminada la señal de Infored. Esta empresa rehizo pronto su presencia al aire y en el mercado. Pero esa es historia aparte.
La que ahora me ocupa fue suscitada por el Grupo Radio Centro, que rehusó acatar el laudo arbitral, no obstante que en los hechos actuó como si lo consintiera. El arbitraje descansa en la buena fe de las partes, que convienen en que personas privadas y no los Tribunales diriman una cuestión. Por lo tanto se comprometen a respetar la decisión del pánel de árbitros, en cuya integración participaron.
Desde que esa forma de justicia se ha aclimatado en México, a comienzos de los noventa, una altísima proporción de los laudos, cercana a la totalidad, son acatados por las partes, como se espera de personas físicas o morales serias y formalmente establecidas en actividades productivas. Si acaso un diez por ciento de esas sentencias privadas son llevadas a la justicia del Estado no para legitimarlas sino para precisar detalles de su ejecución, montos de las prestaciones a pagar, si es el caso, etcétera.
Pero, al contrario de esa normalidad, Grupo Radio Centro demandó ante un juez civil del Distrito Federal la nulidad del laudo. Ya era grave y aun escandaloso el pedido de la parte derrotada, que faltaba a su palabra de respetar esa decisión. Pero más grave y más escandalosa fue la sentencia del juzgador civil, emitida el diez de noviembre de 2004, que anuló el laudo con base en argumentos que no fueron siquiera expuestos por la demandante, es decir supliendo la queja en un asunto que no la admite.
El juez 63, Jaime Daniel Cervantes Martínez, objetó la integración del pánel arbitral, tachando a sus integrantes con defectos que no habían sido alegados a la hora de la designación de los árbitros ni en ningún momento posterior del proceso privado. Aun si resultara verdad que los árbitros no fueran expertos en contabilidad y en radiodifusión, como estableció el juez, su limitación había sido curada, con acuerdo entre las partes, mediante la designación de los peritos correspondientes, que asesoraron a las partes siempre con el consentimiento de ellas.
Ante la arbitraria sentencia, Infored acudió al amparo, que le fue concedido el 12 de mayo de 2005, aunque la decisión del juez federal le fue notificada a las partes en agosto siguiente. La resolución de fondo anuló la anulación del juez civil, dejando firme el laudo arbitral. De inmediato Grupo Radio Centro solicitó la revisión y esa fase procesal es que la debe concluir en estos días.
Ha habido, sin embargo, demoras incongruentes, pues a decir de los propios magistrados del decimotercero Tribunal colegiado del primer circuito, la ponencia estaba lista para su discusión en diciembre, de modo que hubiera sentencia antes del receso judicial, que dura la segunda quincena de ese mes. No ocurrió así, y terminó ya enero sin que el asunto concluya.
Mientras tanto, en mayo del año pasado Infored acudió en queja a la contraloría del Tribunal Superior de Justicia del DF, para que se investigara el patrimonio del juez civil que anuló el laudo. Ante la inacción de esa contraloría, en septiembre siguiente la parte quejosa pidió más explícitamente indagar dos cuentas bancarias del juez donde están disponibles más de tres millones de pesos que, salvo que se trate de los depósitos del juzgado y no personales, son una suma difícilmente resultante de los ahorros de un juzgador.
Hasta ahora la contraloría del Tribunal ha guardado silencio e Infored denunció penalmente los hechos hace dos días.
