COMPARECENCIA | EL CALOR EXTREMO, UNO DE LOS FACTORES QUE OCASIONARON LOS DEFECTOS
El Siglo de Torreón
Podría superar los 80 millones de pesos la demolición y recostrucción de la obra.
SALTILLO, COAH.- La Secretaría de la Función Pública de Coahuila estimó que en cuatro meses estará en condiciones de señalar a los culpables por la defectuosa construcción del Distribuidor Vial Revolución (DVR); entre tanto, el secretario de Obras Públicas y Transporte, Eduardo Olmos Castro, anticipó que el calor extremo de Torreón sería uno de los factores que ocasionaron las fallas en la obra.
Durante una comparecencia que tuvo ante diputados locales de las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda y Cuenta Pública, Olmos dijo que ?las temperaturas de 40 a 45 grados? habrían acelerado el proceso de secado del concreto, lo cual podría ser la causa del agrietamiento de las estructuras, y señaló que la rotación de los puentes habría iniciado ante la ausencia de diafragmas entre éstos y las columnas que los sostienen.
De su lado, el secretario de la Función Pública, Ismael Eugenio Ramos Flores -quien también compareció ante los legisladores locales-, explicó que los responsables de los defectos en la construcción del DVR podrían pagar hasta dos veces más el costo de las reparaciones.
Para los servidores y ex servidores públicos que podrían estar involucrados en las fallas, anticipó que las sanciones irían desde una simple amonestación, hasta la destitución del cargo e incluso la inhabilitación para poder ejercer en el servicio público.
El funcionario estatal estimó que las investigaciones para deslindar responsabilidades podrían concluir dentro de cuatro meses, pero anticipó a los diputados que en el desarrollo del proceso la información del caso permanecerá bajo reserva.
?Por ahora estamos en la etapa de recopilar la información y esto nos permitirá entrar a la etapa de los citatorios, pero no les vamos a poder decir a quiénes estamos citando?, atajó Ramos Flores, quien argumentó que su decisión la respalda la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que los procedimientos penales y administrativos permanecerán bajo reserva hasta que concluyan. Esto motivó a que el diputado del Partido del Trabajo, Virgilio Maltos Long, manifestara dudas sobre los resultados de la investigación.
Olmos Castro señaló que después de la licitación, el desarrollo del nuevo proyecto requerirá ?de cuatro a cinco meses?, pero no pudo estimar el tiempo necesario para la reconstrucción. No descartó que el plan de gastos ubicado en 80 millones de pesos podría incrementar si los proyectistas consideran necesario no solamente demoler los cuatro puentes, sino también las columnas que los sostienen. Indicó que tan sólo la demolición podría costar 30 millones de pesos.
El diputado priista José Luis Moreno, cuestionó a Olmos Castro sobre la posibilidad de que al tomar la decisión de demoler la obra el Gobierno del Estado haya tomado como base criterios políticos.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte respondió: ?en ningún momento nos motivó lo político y lo electoral. El gobernador solamente ponderó el criterio de la seguridad para los ciudadanos y si no hubiéramos tomado la decisión y si no hubiéramos dado a conocer el dictamen de la Universidad, habríamos tenido una actitud criminal?.
VÍAS ALTERNAS
El Municipio se hará cargo de construir las vialidades alternas que sean necesarias para desfogar el tránsito vehicular en el DVR. Alberto Hermosillo Morales, director de Desarrollo Urbano, asegura que estarán listas antes de iniciar el proceso de demolición del complejo vial y garantiza que no serán brechas ni terracerías.
Hermosillo Morales indica que se trabajará en forma coordinada con Obras Públicas del Estado para establecer los calendarios de demolición, los procesos, para ir acomodando las rúas y su respectiva señalización en sitio. Expresa que de entrada se utilizarán las mismas que sirvieron en el periodo de la construcción en el año 2003.
El alcalde, José Ángel Pérez, acepta la responsabilidad y reitera su postura de colaboración de su Administración hacia el Gobierno del Estado, tanto en el proceso de la demolición como la construcción de la nueva obra, bajo la premisa de que: ?no aportaremos ningún centavo?.
Eduardo Olmos Castro, secretario de Obras Públicas, expresa por su parte que el Gobierno del Estado financiará los costos de construcción y mantenimiento de las rúas que sugiera el Municipio para utilizarlas en forma alterna, pues el objetivo es común: atenuar las molestias que sufrirán miles de usuarios del DVR.
