El Fondo Monetario Internacional (FMI), al emitir su Reporte de Proyecciones Económicas 2006, informó, la semana pasada, que México cayó del lugar número 11 al 14, por lo que al tamaño de su economía se refiere. La comparación abarca el periodo 2000-2006. De hecho, el FMI estima en 3.5 por ciento el crecimiento del PIB para este año y recomienda a México completar sus reformas estructurales y diversificar sus ingresos más allá del petróleo.
Y es que si bien el FMI reconoce que, en números absolutos, la economía mexicana ha aumentado su tamaño en 46 por ciento en estos casi seis años, otros países como Rusia, Corea del Sur y la India han tenido un mejor desempeño.
Pues mientras ese reporte es dado a conocer, aquí en México nos encargamos de mandar a los mercados e inversionistas internacionales señales contradictorias. Dos proyectos legislativos que tienen que ver con aspectos claves para la competitividad están a discusión. Del resultado final de la misma veremos si es que hemos sabido escuchar las varias llamadas de atención que (como en el caso del FMI) nos llegan de fuera o si seguiremos privilegiando el poder dominante de algunos en el mercado interno.
Ley de Inversión Extranjera: desde septiembre de 2003 el senador priIsta por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, particularmente en lo relativo al régimen de inversión neutra, es decir, de derechos patrimoniales plenos pero corporativos limitados. No fue sino hasta el cuatro de abril de este año que las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos (segunda), presentaron un dictamen que fue votado por el pleno del Senado de la República con 97 votos a favor y cero en contra. La minuta está ya en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados...
Destaca en este proyecto la propuesta de que sólo se considere inversión neutra la proveniente de fideicomisos, sociedades de inversión o fondos de inversionistas extranjeros y que ésta, en ningún caso, pueda participar en actos de operación o administración de la sociedad. Asimismo, prevé el proyecto sanciones durísimas a la simulación que pudiera perpetrar el inversionista extranjero (20 por ciento del total del valor de la tenencia accionaria y la cancelación de sus partes sociales) y para el funcionario público que autorice su entrada (destitución e inhabilitación de diez años).
Más aún, se establece que “no se computará como inversión neutra la proveniente de personas físicas o morales, que en su país de origen realicen actividades relacionadas directamente con aquella que pretendan realizar en nuestro país”.
En pocas palabras, con este proyecto de reformas aprobado en el Senado se restringe, aún más, la participación de la inversión foránea en sectores como el de transporte, distribución de gas, radio y televisión, aerolíneas, telecomunicaciones e instituciones de seguros y fianzas, entre otros. Además, contraviene acuerdos pactados en los tratados de libre comercio que México tiene celebrados con diversos países, señaladamente con Estados Unidos y Canadá.
Y es que el principio del stand still prevé que si el Gobierno de una de las partes del tratado pretende realizar modificaciones a sus Leyes sobre inversión extranjera, puede sólo llevarlas a cabo para abrir, mas no para cerrar. Asimismo, el principio de ratcheting (efecto cremallera), indica que cualquier medida incluida en la lista de medidas disconformes o reservas, puede ser modificada siempre que no disminuya el grado de conformidad que se pactó entre las partes al momento de celebrar el tratado ni revertir aperturas o liberalizaciones efectuadas con posterioridad al mismo. Ley Federal de Competencia Económica: después de ocho meses de discusión y negociación, el pasado 19 de abril se aprobó, en lo general, en el seno de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica que presentó el diputado panista Jorge Luis Hinojosa. Y será el próximo martes 25 cuando se discuta en lo particular...
La reforma pretende dotar de nuevos y más eficaces instrumentos a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en cuanto a: 1) la realización de inspecciones, previa autorización judicial; 2) la posibilidad de ordenar la división de una empresa que en el sector de las telecomunicaciones, los medios de comunicación o del sector financiero pudiera, por su poder dominante, estar realizando prácticas anticompetitivas; 3) que las opiniones de la Cofeco hacia otras autoridades tengan efectos vinculativos y, 4) sanciones más altas para los infractores a la Ley.
De última hora, Telmex salió públicamente a oponerse a estas reformas, no obstante el apoyo de las tres principales fuerzas políticas del país y de que el propio José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que se había llegado a un consenso al interior de ese organismo cupular, en virtud de las negociaciones realizadas con legisladores y, sobre todo, por los buenos oficios del presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta.
Pues no. La reforma implica la violación del principio de división de poderes y subordinación jerárquica, la ausencia de garantía de audiencia y sanciones ruinosas con facultades omnímodas, todo lo cual es inaceptable en un Estado de Derecho. Eso dice Telmex.
Ya seguiré con el tema. Lo cierto es que la defensa de los intereses particulares es entendible y bienvenida. Pero imponer barreras artificiales a la competencia y pasar por encima del consumidor, desde la Ley misma, es inadmisible.
