“La violencia es un instrumento de la
ignorancia”.
Flip Wilson
Si alguna duda cabía de cómo los sindicatos mexicanos son utilizados por sus líderes como instrumentos de poder personal, basta con ver la tragedia que tuvo lugar ayer en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Napoleón Gómez Urrutia está luchando por mantener el control del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que heredó de su padre, Napoleón Gómez Sada. El pleito del líder es con un grupo de trabajadores opuestos a su régimen, encabezado por Elías Morales, y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, que le ha dado reconocimiento al grupo encabezado por Morales.
Pero ni Sicartsa ni las demás plantas que fueron tomadas y paralizadas por los mineros de Gómez Urrutia tenían nada que ver en el asunto. De hecho, Sicartsa había resuelto apenas en septiembre del año pasado una costosísima huelga de 45 días de duración para la cual había tenido que cubrir un aumento de ocho por ciento en los salarios y de 34 por ciento en prestaciones, con mucho el ajuste salarial más elevado en muchos años en el país. El nuevo paro era ilegal, ya que ni siquiera había un contrato en negociación, y así lo determinó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Gómez Urrutia no paralizó a toda la industria minera y metalúrgica del país. Escogió solamente, y por razones que él mismo no ha dado a conocer, a ciertas empresas para hacerlas objeto de presión. Una de ellas era Sicartsa del Grupo Villacero, a pesar que hace siete meses había firmado un nuevo y generoso contrato colectivo.
Parece haber intereses muy importantes detrás de esta huelga. El más evidente es el destino de los 55 millones de dólares entregados por el Grupo México al sindicato de Gómez Urrutia y cuya distribución ha llevado al movimiento de rebeldía en el interior del sindicato. Pero no deja de ser interesante que apenas ayer la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) publicó un desplegado en varios periódicos en que acusaba al secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Xavier Salazar, de estar interviniendo en la vida interna del sindicato con el supuesto propósito de “desestabilizar a Altos Hornos de México”.
Sean cuales fueren los intereses económicos que se mueven detrás de los hechos de estas últimas semanas, no cabe duda que la huelga en Sicartsa era ilegal y que Villacero tenía el derecho de exigir que las autoridades liberaran las instalaciones tomadas por los mineros leales a Gómez Urrutia. Mientras no hubiera una huelga aceptada formalmente, la toma de las instalaciones no era otra cosa que un despojo.
A pesar que la costumbre en nuestro país es que cuando los despojos son realizados por sindicatos o grupos políticos la autoridad nunca quiere hacer nada excepto “negociar”, los mineros de Gómez Urrutia estaban claramente preparados para un intento de desalojo. Mucho de lo que pasó ayer por la mañana en Lázaro Cárdenas debe aún aclararse, es verdad, pero se sabe que los mineros tenían cuando menos bombas Molotov para recibir a la Policía. Es difícil saber si contaban también con armas de fuego. Hay muchos reportes de disparos durante el desalojo, pero en el momento de escribir este artículo no se sabe todavía quién disparó. Sabemos que en el operativo participaron tanto policías federales como estatales. Pero al final tuvo que intervenir el Ejército para lograr controlar la situación.
Al parecer tres personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas en el operativo de desalojo de las instalaciones de Sicartsa. El costo es demasiado alto. Es importante que tanto los líderes sindicales como las autoridades se den cuenta de lo que ha ocurrido y que entiendan que el país no puede continuar así.
Gómez Urrutia claramente ha utilizado a grupos de trabajadores como carne de cañón para cuidar su sindicato que es también su negocio privado. Las autoridades federales, por su debilidad, han hecho que cualquier grupo organizado considere como estrategia inmediata para defender sus intereses las manifestaciones, los bloqueos de calles y carreteras, o la toma de instalaciones privadas o públicas.
Estamos en un país en el que hay un vacío de poder. Nadie considera que la Ley sea el mecanismo para resolver diferencias. La fuerza sigue siendo con enorme frecuencia el instrumento de preferencia.
Para las tres personas que perdieron la vida ayer en una batalla para defender los intereses de un líder sindical, esta falta de autoridad ha terminado por ser inaceptablemente cara. Para nuestro país, inmerso en una guerra en que los grupos corporativistas buscan defender sus privilegios, lo ocurrido en Lázaro Cárdenas es una llamada urgente de atención. Si seguimos como vamos, México caerá en la ley de la selva.
DIPUTADOS
¿Alguna vez se dan cuenta de lo que legislan? Los diputados derogaron ayer la disposición que obligaba al pago electrónico de la gasolina que ellos mismos aprobaron. Un grupo de diputados antes promovió una controversia constitucional contra la Ley de Radio y Televisión que ellos habían aprobado por unanimidad. Muchos de los senadores que respaldaron las nuevas restricciones a la Ley de Inversión Extranjera han señalado también que no conocían las consecuencias de lo que legislaron.
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