A ciento veinte días de iniciado el Gobierno del profesor Humberto Moreira Valdés, se advierten signos negativos que es preciso atender para bien de Coahuila.
A la desconcertante advertencia del gobernador de realizar un movimiento de resistencia al pago de impuestos en contra del Gobierno Federal, se suma una reyerta posterior con las autoridades del Municipio de Torreón, en torno a los recursos públicos que sostienen al Fideicomiso para la Seguridad Pública.
Elementos ciudadanos integrados al Fideicomiso y representantes de los empresarios de la Comarca Lagunera, alzaron sus voces en contra de lo que denuncian, constituye un centralismo en las decisiones y en el control de los recursos, que amenaza con hacernos retroceder diez años en materia de Seguridad Pública.
Lo anterior en función del anuncio de al menos once condicionantes impuestas por el Gobierno Estatal, para ejercer el presupuesto ofrecido por el gobernador Moreira para aplicar en ese rubro, de acuerdo al discurso del Ejecutivo pronunciado en el Parque Fundadores, el día de la toma de posesión de José Ángel Pérez Hernández como alcalde de Torreón.
Al planteamiento del Ejecutivo Estatal, el presidente del fideicomiso Francisco de Urrutia, señala que no existe ninguna base legal que obligue al Municipio a ceñirse a las condiciones que se pretenden imponer, dado que la responsabilidad y la competencia corresponde a los ayuntamientos por mandato del Artículo 115 de la Constitucional de la República.
Es cierto que la confrontación concluyó con un acuerdo que finalmente liberó los recursos estatales y comprometió al Gobierno del Estado a la aportación incondicional de los mismos mediante entregas que iniciarán pasada la Semana Santa, lo que viene a confirmar que la pretensión del Gobierno era infundada y enciende una luz de advertencia en el tablero de control del Gobierno de Moreira Valdés.
Los asesores del gobernador deben hacerle saber, que la atención del problema de la seguridad pública en la región al través del fideicomiso es producto de un movimiento social que en el segundo año del Gobierno de Rogelio Montemayor Seguy, unió a diversos sectores de la comunidad torreonense en demanda de mejores condiciones en el rubro indicado, por lo que se trata de una conquista importante a la que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar.
Por otra parte, lejos de significar un desdoro para cualquiera de los niveles de Gobierno, el Fideicomiso de Seguridad es un timbre de orgullo para todos los participantes, que se debe valorar y desde luego, conservar y mejorar para el bien común de la sociedad comarcana.
El tercero y más reciente motivo de preocupación, se suscita con motivo de la reciente designación del nuevo secretario de Fomento Económico Jorge Alanís Canales, en sustitución de Salomón Juan Marcos-Issa, actual candidato al Senado de la República que pese a lo declarado previamente por Moreira Valdés, abandonó dicha función dentro del equipo del gobernador, en un momento que pone a esa importante secretaría, en la condición de partir de cero cuatro meses después de iniciado el sexenio.
Alanís Canales fungía como tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila, y por muy meritorio que hubiera sido su desempeño como tal, carece de los antecedentes y el perfil que se requieren para dirigir la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno de Coahuila. En dicho puesto, se necesita un elemento que además de fungir como gozne y enlace entre Gobierno y sector empresarial, lo que supone una vínculo estrecho de relación y conocimiento con los empresarios, haya demostrado liderazgo y cualidades promotoras a niveles de competencia internacional, que es lo que se necesita en estos momentos para el fomento al empleo y la productividad.
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