Lentamente, vocablos de nuestra vieja subcultura política van desapareciendo. En un buen número de casos, se ven sustituidos por términos de la nueva cultura política a la que un buen sector de la población aspira. Remover aquellos vocablos no ha sido cosa sencilla, de hecho no es exagerado afirmar que erradicarlos e incorporar nuevos términos ha costado enorme esfuerzo y sacrificio, incluso sangre.
Entre bromas y veras, el domingo dos de julio, un amigo le decía a su hija algo que si bien parecía un sencillo comentario para consumir el tiempo que mediaba para llegar a la boca de la urna, era una larga y compleja historia. Le decía que, curiosamente, era la sexta vez que iba a votar pero la primera en que iba a elegir, mientras que ella -la flamante ciudadana- iba a votar y a elegir por primera vez.
Él cumplía con el deber desde hacía décadas y hasta ahora, lo combinaría con el derecho; ella, en un solo acto, conjugaría el deber con el derecho. Se dice fácil pero el comentario resumía y resume una historia de -dicho arbitrariamente- más de 30 años. Y, efectivamente, muchos años ha tomado cambiar el lenguaje político en el país.
Hay, pues, un indudable avance. Sin embargo, con motivo de la compleja situación post electoral que vive el país, es menester formular una doble pregunta: ¿hemos construido el andamiaje de nuestra democracia con la fortaleza necesaria para afrontar los problemas que la acechan y lo hemos hecho a la velocidad que exige un mundo marcado por el vértigo?
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Fuera de duda está la fuerza y capacidad del Estado mexicano para diseñar y construir instituciones. Muchas de ellas le han dado perspectiva al país. A veces, se le regatea al PRI haber tenido la visión necesaria para crear esas instituciones pero, si se sale de la mezquindad, es justo reconocer que el Estado tuvo esa fuerza y capacidad.
Llámense Banco de México, Universidad Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, hay toda una serie de instituciones que -si bien hoy exigen ajustes y reformas- cimentaron lo mejor de la historia nacional y garantizaron buena parte del desarrollo. La duda está en si los ingenieros políticos de las nuevas instituciones mexicanas tuvieron la audacia de construir verdaderas estructuras resistentes a toda una variedad de problemas o bien si, apremiados por la coyuntura que presionaba, edificaron instituciones con una vida limitada y ajustadas, sobre todo, al problema que reclamaba solución en aquella coyuntura.
Viene a cuento la consideración porque cuando se mira al Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de Derechos Humanos -dos instituciones de reciente hechura- su valor pareciera derivar no tanto de la fortaleza de su estructura, como de la entereza y carácter de los titulares que las encabezan.
No es lo mismo hablar del IFE encabezado por José Woldenberg que por Luis Carlos Ugalde y no es lo mismo hablar de la CNDH presidida por Jorge Carpizo que por José Luis Soberanes. ¿Qué falla en ellas, la estructura o el hombre? Lo cierto de esto es que, superado el conflicto post electoral, será menester revisar a fondo ésas y otras instituciones porque, de otro modo, se pondrá en duda si el Estado mexicano realmente tiene la visión y la fortaleza necesarias para construir las instituciones que el país reclama.
Puede llenar de orgullo el sinnúmero de reformas (también hubo contrarreformas) electorales realizadas desde la última gran reforma política (la de Jesús Reyes Heroles), pero tanto cambio en las leyes e instituciones políticas y electorales puede significar, en realidad, que el Estado mexicano está diseñando simples trajes a la medida de la circunstancia, sin darle verdadera perspectiva a la vida institucional.
Directamente relacionadas con esas estructuras, están otras instituciones que desde hace tiempo exigen una reestructuración y, sin embargo, se niegan a cambiar. Se niegan a cambiar, siendo que son ellas las que frecuentemente operan cambios en otras instituciones e incurren en un absurdo: reforman el escenario donde van a actuar, sin reformarse a sí mismas. Piden cambiar el teatro de operaciones pero exigen mantener la misma tramoya y el mismo reparto de actores. Esas otras instituciones son los partidos políticos. Por momentos, los partidos políticos causan la impresión de estar completamente fuera de la realidad donde quieren operar.
Demandan toda una serie de acciones modernas para garantizar el viejo statu quo donde ellos encuentran comodidad. Si se contrastan los cambios operados en los campos económicos, sociales e incluso políticos con los operados en los partidos, el cuadro es alarmante. Los partidos están completamente fuera de foco y, aun hoy, rehúyen su transformación. La tentación de emprender cambios o construir instituciones ajustados y limitados a la circunstancia del momento terminará -como está ocurriendo- por dejar sin perspectiva al país.
Cada nueva circunstancia será un problema porque la institución destinada a canalizarlo y facilitar su solución será insuficiente. Buena parte del problema post electoral que se vive deriva de ello. La estructura institucional no está diseñada para encarar el problema.
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El otro punto importante es el de la velocidad que se le está imprimiendo al cambio democrático. Cuando se mira el tiempo transcurrido entre la caída del Muro de Berlín y la reconstrucción de los Estados que se encontraban detrás de ese muro, llama poderosamente la atención la velocidad y el tino con que se llevó a cabo. Veinte años tomó a muchos de esos países pasar de un régimen de partido único a otro plural de partidos, pasar de un régimen de economía planificada a otro de libre mercado y, por si eso no bastara, en más de un caso se integraron a un proyecto continental, la Comunidad Europea, incluido en él hasta el cambio de moneda.
Desde luego hay un sinnúmero de diferencias en la transición mexicana, pero a fin de cuentas México lleva casi 20 años ensayando ese cambio sin acabar de concretarlo y esta es la hora en que el país no logra salir de ese problema para encarar otros que, en el fondo, marquen un claro y sólido avance y la posibilidad de un nuevo destino.
Si el conflicto electoral de 1988 constituye el punto de partida de la transición mexicana, 18 años habrán transcurrido sin que logremos llegar al fin de esa ruta. Ha habido avances pero el tiempo consumido en lograr esas metas parciales es demasiado. Tener problemas, valga el aparente absurdo, no es problema. El problema es tener siempre el mismo problema porque constituye la evidencia del empantanamiento y el avance limitado.
Desde hace años, el país arrastra y se revuelve en el problema de la falta de acuerdos serios y con perspectiva, no atados a coyunturas, circunstancias o vulgares chantajes, que proyecten al país a un mejor destino. Buena parte de lo que estamos viendo obligará a replantearse una reforma política y electoral. Nos va a retrotraer a debates sostenidos desde hace años pero, con todo, habrá que encararlos y resolverlos para, entonces, poder encarar otros problemas.
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Erradicar vocablos de la vieja cultura política y construir nuevos términos ha costado mucho. No es hora de perder el rumbo ni el tiempo. Es momento de construir puentes de entendimiento, palabras para comunicarnos mejor y construir el país al que aspiramos.
