Sin menoscabo de su avance, la institucionalidad en el país es todavía una aspiración. Es virtud desde luego impulsar y apoyar su vigencia, pero es vicio presentarla como una realidad consumada. Faltan etapas por recorrer y, aun cuando la aspiración lo quiera, la vida institucional todavía no forma parte de nuestra normalidad política.
Exagerar entonces su vigencia sólo sirve al propósito de prolongar la subcultura de la simulación, donde se tolera que unos violen la Ley tantito y otros la respeten tantito también. Viene a cuento la reflexión porque, ahora, en el marco de las exageraciones, se puede incurrir en nuevo doble error. Uno, pretender resumir todo lo ocurrido a lo largo de la campaña electoral en la jornada del dos de julio; dos, creer que bastará la sola resolución del Tribunal Electoral para que las aguas políticas recobren su nivel.
Lo ocurrido antes y después de la jornada electoral exige mucho trabajo político, verdadero trabajo político, ya que la sola resolución jurídica no lo arregla. La resolución puede y debe ayudar a colocar la situación en otro estadio para, entonces, hacer política y darle una solución al problema. En este punto, es menester señalar que no se está haciendo política. Se puede criticar desde luego lo que hace Andrés Manuel López Obrador pero también se puede criticar lo que deja de hacer Felipe Calderón y, desde luego, se puede preguntar dónde está el Gobierno. Es claro que cuando un litigio de naturaleza política como lo es obviamente una elección llega al Tribunal implica, en muy buena medida, el fracaso de la política. Y si bien la intervención judicial resulta importantísima para rehabilitar a la política, esa intervención no suplanta a la política en sí.
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Desde esa perspectiva, es desde todo punto de vista plausible extender un voto de confianza a los siete votos de los magistrados del Tribunal que, finalmente, dirán quién obtuvo legalmente la mayor cantidad de los 41 millones 791 mil 322 votos que en conjunto se emitieron el dos de julio. Esos siete votos permitirán replantear, entonces, cómo remontar la difícil circunstancia política. Hay que ser claros: permitirán replantear cómo remontar la difícil circunstancia, pero hasta ahí. Esa será la aportación de los magistrados pero más vale salir de la idea de que, apenas se conozca su resolución, en automático, se restablecerán los términos del entendimiento político en el país.
Muy lejos se llevó la disputa por el poder como para creer ahora que con esos siete votos la cosa se arregla y las piezas se recolocan en su lugar. El peligro de exagerar el rol de los magistrados del Tribunal es darle juego a la tentación de que después de la resolución habrá que someter a la fuerza a los inconformes, cualesquiera que éstos sean. Y estando en el aire la resolución, cualesquiera pueden ser los inconformes.
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Parte de la razón por la que el país se encuentra en una situación tan tensa es porque los políticos, todos los políticos, están resbalando sus responsabilidades en otras instancias. Están recargando en la ciudadanía y el Poder Judicial problemas generados por ellos mismos que, a fin de cuentas, no sabían cómo resolver. No en vano, a todo lo largo del sexenio, las controversias constitucionales dejaron ver la incapacidad de los políticos para conducir sus desacuerdos. En el fondo, lo que hoy trae entre las manos el Tribunal Electoral es lo que la Suprema Corte trajo entre las suyas a lo largo del sexenio. De ahí que no se pueda sacar de contexto lo que hoy está ocurriendo como tampoco pretender que con lo que diga el Tribunal el asunto queda resuelto.
Si los políticos no se ponen a hacer política, podrá haber o no resoluciones, pero ello no implicará la solución de los problemas. En cierto modo, el sexenio fue una constante renuncia a hacer política. Se jugó a la popularidad, se jugó al chantaje, se jugó a la frivolidad, se jugó al desacuerdo pero no se jugó a hacer política, y si, ahora, la resolución judicial de la elección no se acompaña de una fuerte dosis de política, el país podrá seguir patinando en los problemas.
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Por eso conviene no exagerar el peso de la resolución del Tribunal y sí conviene presionar a Andrés Manuel López Obrador y a Felipe Calderón a ponerse a hacer lo que saben y lo que saben hacer es política. Ese es el punto a rescatar a partir de la resolución judicial: reivindicar la política. Caer en la tentación de que, a partir de la resolución judicial, lo conducente es llamar a la fuerza pública para someter a quien la resista, es sencillamente un absurdo. Llegar a los toletes no va a resolver la situación y los políticos no pueden mostrarse tan ingenuos como para no entender que la polarización que desataron iba a desaparecer como si nada el dos de julio.
Jugaron a eliminarse, no a elegirse y no pueden poner hoy cara de asombro con lo que está ocurriendo. Este difícil ejercicio de reivindicar la política urge. Urge porque el calendario de agosto y septiembre marca fechas que, en un descuido, podría provocar lo que hay que evitar a como dé lugar: abrirle la puerta a la violencia. El próximo día 14 los universitarios regresan a clases; el próximo 21, reingresan los alumnos de primaria y secundaria... en suma, la capital de la República regresa a su complicado trajinar y, entonces, la irritación social podría alcanzar una temperatura en extremo peligrosa.
Eso no es todo. A fines de mes deberá instalarse el Congreso de la Unión y el primero de septiembre Vicente Fox deberá rendir su último Informe de Gobierno. Esas fechas con sus actividades marcan coyunturas particularmente difíciles si la situación sigue tan tensa como ahora. Por eso la urgencia de rehabilitar a la política. En ese ejercicio de rehabilitar a la política, hay un problema extra. El Gobierno Federal está descalificado en su actuación. Vicente Fox desatendió los señalamientos reconviniendo su protagonismo en la campaña electoral y, hoy, carece de toda autoridad para reponer la política.
Los exhortos del secretario de Gobernación exigiendo a otros lo que él mismo ha dejado de hacer, sobran. De ahí que el peso de reponer a la política corre sobre todo por cuenta de los candidatos y los partidos, pero no sólo del perredismo y del panismo sino también de los otros participantes en la contienda. Así como de aquellos factores de poder que, abierta o calladamente, se han metido al campo de la política. Si ese conjunto de actores y factores de poder no hacen un esfuerzo por reponer la política y sacar al país, verdaderamente, de este juego de restar en vez de sumar, la situación no se va arreglar.
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Es muy sencilla la respuesta a la pregunta ¿y luego de la resolución judicial, qué? Esa respuesta es: política, mucha política. Si se piensa que la respuesta es cargar con los que la resistan, de una vez vale anticipar que el conflicto crecerá y el próximo Gobierno, quienquiera que lo encabece, estará destinado a afrontar una situación grave en extremo. Muy lejos se dejó correr la polarización a todo lo largo de la campaña electoral, como para pensar ahora que siete magistrados serán los responsables de lo que pueda ocurrir. Si la resolución no se acompaña de política, cualquier cosa puede ocurrir.
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